La ola de ataques urbanos ordenados desde las prisiones en el estado de Ceará es un reflejo del colapso del sistema carcelario en todo Brasil –dominado por facciones narcotraficantes–, uno de los principales desafíos que deberá encarar en materia de seguridad el gobierno de Jair Bolsonaro.
Sublevados frente al endurecimiento de las medidas de seguridad dentro de las prisiones anunciado por el gobierno local, las principales bandas rivales de Ceará se aliaron tras las rejas para orquestar explosiones e incendios en viaductos, bancos, torres de transmisión de energía eléctrica, ómnibus y automóviles en más de 40 localidades diferentes, incluyendo la capital, Fortaleza. La frecuencia de los incidentes violentos, que comenzaron el 2 de enero, disminuyó en los últimos días tras el envío de agentes federales y otras medidas para reforzar la seguridad.
Pero todavía no cesaron por completo y atemorizan a la población, que dejó de circular por las calles y comercios por miedo a convertirse en objetivo. La crisis actual es apenas la cara visible de una olla a presión que es el sistema carcelario, que de vez en cuando vuelve al tapete, dice Camila Dias, profesora de la Universidad Federal del ABC, estudiosa de los grupos criminales que se disputan el narcotráfico en Brasil. AFP