Existe una avanzada preocupante por parte del cartismo, que retomó su hostilidad hacia la prensa la semana pasada, como respuesta por publicaciones de medios referente al patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña. El ala radical del cartismo, para congraciarse, lanzó su manifiesta intención de revivir una ley de prensa. Todo dentro del contexto de un aniversario más de la llegada de la democracia, pero con señales del cartismo de querer retrotraer con leyes mordaza a los oscuros años del stronismo.
Organizaciones de la sociedad civil que están alertas ante la amenaza de establecer una ley mordaza en contra de lo que expresa la Constitución señalan que una iniciativa de ese tipo traerá consecuencias y no solo aquí.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, analizó el peligro que representaría si del discurso el sector oficialista pasa a la concreción de una ley de prensa para regularla y restringir en la práctica la finalidad de una prensa libre. “Por supuesto que si vemos con preocupación cualquier iniciativa que busque resurgir una propuesta de esta naturaleza y vaya a restringir y regular el derecho a libertad de expresión por sobre todo el movimiento político en la construcción legislativa en el último año se han dado deconstrucciones legislativas sin conversación con los propios afectados, eso lo ha demostrado en distintas situaciones”, indicó.
Alertó que no le sorprendería que si el cartismo apunte contra la prensa lo haga de manera apresuradamente para evitar todo debate.
Aún así, ninguna decisión que este sector tome en transgresión incluso a convenios y acuerdos que garantizan la libertad de expresión y de prensa, quedaría exenta de repercusiones a nivel internacional.
“Todo esto podría tener consecuencia internacional; regulación del trabajo de la prensa a partir justamente de que la legislación que va surgiendo debe adecuarse a los cánones y a lo que dijo el Pacto de San José y las legislaciones de protección de derechos en ese seno. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha instalado una herramienta denominada control de convencionalidad que todas las políticas públicas deben estar acorde a la Comisión Interamericana a de DDHH”. Apartarse de ello sería pasible de sanciones, refirió.
<b>En un año se han dado deconstrucciones legislativas sin conversación con los propios afectados.</b>
<b>Según control de convencionalidad, todas las políticas públicas deben estar acorde a la Comisión de DDHH. Dante Leguizamón, secretario de Codehupy.</b>
<b>LUZ ROJA</b> <br/><b>Advierten con ley mordaza. </b><br/><b>Violencia legislativa. </b><br/><b>Sesiones cerradas. </b><br/><b>Retrasan ley para proteger a periodistas.</b>
<b>Ley contra OSFL indefectiblemente tendrá impacto</b> <br/>De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Codehupy, la ley que busca el control sobre las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), pero que en la práctica las persigue dado que no se han medido a todas con la misma vara, traerá sus consecuencias. Leguizamón dijo que así como tendría un impacto el intento de censurar a la prensa, de hecho esta ley garrote al estar promulgada, advirtió que traería aparejado consecuencias. “Va tener un impacto decidido en la sociedad civil”, señaló. “La ley hoy ya es promulgada y si bien no está vigente porque falta que sea reglamentada es una ley que se va aplicar y va a tener su impacto en la sociedad civil. Si bien se podría decir de un sector radical del movimiento Honor Colorado, es el que impulsó la ley, encontró igual comportamiento en el presidente Santiago Peña y Horacio Cartes, quienes fueron bastante consecuentes. Entonces, ambos sectores estuvieron alineados”, subrayó. Pese a que las ONG ya tenían sobre sí controles por parte de varias instituciones esta ley más que controles busca poner obstáculos a la asociación civil. Incluso comedores que no llegan a recibir fondos importantes ni privados ni del Estado están exentos de cumplir los nuevos controles burocráticos. La ley promulgada, vale recordar, desató una batería de críticas por posibles riesgos a la libertad de asociación. La ley más conocida como garrote avanzó hasta su promulgación incluso pese a los cuestionamientos de la sociedad civil y advertencias que se presentaron.
