27 feb. 2024

Atajos y la práctica de aparentar cumplir las reglas

A las intenciones de imprimir mayor seriedad y seguridad al otorgamiento de los registros de conducir, aumentando las exigencias para acceder a este documento, velozmente se les han creado atajos que son factibles de atravesar, si esa es la decisión que toma un ciudadano, conscientemente, y a sabiendas de que tiene un costo adicional y además, que no se está ajustando a lo convenido.

iinioCon ellos, el trámite se agiliza, incluyendo la producción de todos los requisitos, como el certificado de vida y residencia, en un tiempo mínimo, aunque no sea de la comisaría en cuya jurisdicción resides.

Para que esto funcione, existe un grupo de eficientes gestores a los que pagando una determinada suma, ellos te pueden acelerar todo el circuito de la tramitación y hasta conseguir al instante algunos de los requisitos necesarios, en caso de que no lo hayas previsto.

“¿Quiere hacer el curso de primeros auxilios?“, te preguntan, pese a que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Nº 5016) dice que es una exigencia.

Sin embargo, al consultarte eso tanto el funcionario municipal como el gestor, es evidente que lo que dice ser obligatorio, se torna opcional. Total —según constatamos—, solo es cuestión de pagar lo que cuesta el certificado que te expiden y que debe adjuntarse a la solicitud de licencia de conducir.

Lo comprobamos en la Municipalidad de Lambaré. Los propios funcionarios se encargan de preguntarte si querés hacer o preferirías obviarlo. En caso de escoger la segunda opción, basta que convoquen a algunos de los gestores que pueden conseguirte lo necesario. ¿Qué sentido tiene establecer en la norma una larga lista de requisitos, si luego en la propia institución —que debe ser celosa en observar y aplicar la ley— admiten con total naturalidad que personas que no son funcionarios municipales salten el proceso y fabriquen los requisitos sin que el contribuyente se moleste en cumplir todos los pasos.

—Le falta el certificado de vida y residencia —avisa un funcionario a un ciudadano en uno de los puestos donde comienza la gestión.

—De acuerdo, voy a solicitar y vuelvo mañana

—Bueno, si quiere le pueden conseguir aquí en la comisaría, cruzando la calle.

—Pero no vivo en esta jurisdicción.

—No importa —dice y llama a un gestor. El gestor dice que a ellos les cobran G. 50.000 en la comisaría por dicho documento, pero que si personalmente va el interesado a solicitarlo, bastarían G. 20 o 30.000.

—Te van a poner una dirección de la zona y ya está —cierra.

A nadie le hace ruido que hacer eso es incorrecto. Que lo que corresponde es acudir a la comisaría de tu barrio, conseguir dos vecinos que atestigüen que vivís allí, fotocopiar sus cédulas y pedirles que firmen la solicitud del certificado de vida y residencia.

Luego aguardar 24 horas para que te lo entreguen. Los gestores te consiguen en minuto. Quienes aceptan sus servicios saben que lo hacen con datos que no coinciden con la dirección real del solicitante.

Lo otro es sentarse en una de las carpas dispuestas para el brevísimo y elemental curso de primeros auxilios a cargo de los bomberos. Algo tan útil para cualquier persona. Pero los atajos, las prisas y la escasa conciencia ciudadana tienen su peso a la hora de decidir escuchar al instructor o dejar que un gestor te consiga la constancia de que lo hiciste, aunque no lo hayas hecho. Y todo esto ocurre en la institución que te otorga el registro de conducir. Estamos en el país donde siempre está la opción de apegarse a las reglas, aparentar hacerlo o directamente ignorarlas.

Sentado, se puede esperar que los trámites corran a la velocidad de la luz, mediante los gestores que vimos se llevan superbién con los funcionarios y te simplifican todo. Solo hay que pagarles. Así, hecha la ley hecha la trampa, en adelante el tráfico será “más seguro” y la gente más consciente y cuidadosa. ¿No?

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