Son preocupantes los fallos de la Corte Suprema de Justicia con relación a la ordenanza municipal que establece limitaciones de distancia para las estaciones de servicio en Asunción. Uno de ellos no da lugar a la acción de inconstitucional presentada por las empresas de estaciones de servicio como gremio, argumentando una cuestión de forma. Sin embargo, en el otro, que sale a nombre de una sola empresa, la Corte sí dio lugar. Este segundo fallo lo dio a conocer la misma Sala Constitucional, que aprobó otra acción de inconstitucional contra la Ordenanza 7/11 presentada por la empresa privada Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados SA y Petroquim SA.
Las contradicciones constituyen un verdadero despropósito, pero a esta situación se ha llegado precisamente por la debilidad institucional de la propia Municipalidad de Asunción, tanto del Ejecutivo como de la Junta Municipal. Esto es lo que sucede cuando desde la Comuna se cambian las normas y los planes a pedido de los particulares, y esto ha sucedido en repetidas ocasiones. Los vecinos de Asunción han visto así surgir en los edificios y estaciones de servicio junto a sus casas, en lugares donde no lo permitía el plan regulador.
Ahora, cuando la Corte les dice que –eventualmente– una marca puede construir una estación de servicio donde quiera, es cuando aparentan consternación las autoridades municipales. No es una “locura”, es el lógico resultado de la dejadez y la falta de compromiso de las autoridades municipales con la ciudad y con los vecinos.
El artículo 128 de la Constitución Nacional no admite mucha controversia, y establece la primacía del interés general, en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general, dice. En Asunción, sin embargo, desde hace bastante tiempo este artículo es prácticamente letra muerta.
Para continuar con el debate, el ministro de la Corte Víctor Ríos señaló sobre la decisión de dejar sin efecto la medida cautelar que habían obtenido algunas estaciones de servicio para su construcción, sin tener en cuenta las limitaciones de distancias para su edificación, que todas las gasolineras que hayan construido, teniendo como base jurídica la medida cautelar, tienen que ser desmontadas.
A la distancia es posible detectar dos hechos que no debían haber sucedido: uno es que la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles no debió haber recibido una medida cautelar; y el otro, que es el gran primer error, lo han cometido precisamente los concejales de Asunción que, en el mes de mayo de 2021, dieron vía libre para que las estaciones de servicios se instalen sin respetar el distanciamiento establecido en la ordenanza municipal.
Los vecinos se han quedado sin representación. Los cambios que se han ido incorporando a la ciudad no están pensados en ellos y su bienestar. La que alguna vez había sido declarada “Capital Verde de Iberoamérica” hoy es conocida con el triste y vergonzoso sobrenombre de “Madre de Estaciones de Servicio”.
Los reclamos de los vecinos no son recientes, siempre se han opuesto a los cambios en el plan regulador que suponían la pérdida de calidad de vida para el ciudadano; sin embargo, aquí es donde el artículo 128 de la Constitución Nacional se convierte en letra muerta.
Asunción, la capital del país, les debe mucho a sus pobladores y a sus visitantes. Ellos merecen un ambiente más amable que bloques de asfalto y cemento. Asunción y sus pobladores necesitan con urgencia disponer de espacios verdes, comunitarios y recreativos que proporcionen descanso y seguridad a la gente. Trabajar por la gente y darles bienestar y calidad de vida deberían ser la única prioridad de intendentes y concejales municipales.
