Por Sergio Cáceres Mercado - caceres.sergio@gmail.com
A un año de los sucesos de Curuguaty y de lo que sobrevino, solo puedo atinar a decir que nos ayudó a confirmar la lamentable situación de nuestra justicia, solo que esta vez sus falencias se mostraron groseramente.
Y no me refiero tan solo a la investigación fiscal, sino también al otro proceso llamado “juicio político”, cuya sentencia fue confirmada con acelerada obsecuencia por la Corte Suprema. En ambos casos se evidenció cómo el sistema de justicia, en muchos de sus estratos, sigue siendo un cipayo de un poder económico que cuida sus intereses y maneja los hilos del poder a su antojo.
Nuestra vendida justicia es la última instancia en la que se sostiene y garantiza la enorme inequidad que rige en el Paraguay. El que no es poderoso, o sea, es pobre, tiene todas las de perder cuando su litigio es contra la clase dominante. De entrada pisa el Palacio de Justicia con el pie “izquierdo”, porque su condición social está criminalizada. Astrea se quita la venda ante el mejor postor, por lo que su supuesta neutralidad es un chiste de mal gusto.
Pero contrastemos el Ministerio Público y el Poder Judicial con otro ente judicial: el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El resultado de las elecciones últimas, y de todas las anteriores, no ha sido cuestionado hasta hoy. Se suele decir que el TSJE mantiene hasta ahora su credibilidad.
Pero nadie suele reparar en que todos los procesos eleccionarios en los que está involucrada la Justicia Electoral son vigilados por varias comitivas extranjeras. Así y todo, el informe de estas delegaciones de observadores ha sido lapidario; la compraventa de votos es una costumbre arraigada por lo que la legitimidad del elegido está en el resultado final, y no en cómo se consiguió el sufragio favorable. Y esto ha sido solo un punto, entre lo que también fue condenado el bochornoso actuar del ministro Morales.
¿Se pueden imaginar cómo se haría una elección en Paraguay sin los observadores internacionales? Es más, ¿cómo sería una investigación fiscal, un proceso judicial, si fuese monitoreado por expertos de la ONU, la OEA, la Unión Europea y la Unasur? Sabemos que esto no puede darse, pero, hipotéticamente, si fuera así, estoy seguro de que los procesos no serán tan alevosamente tendenciosos como el que ahora está “juzgando” el caso Curuguaty.
La justicia está en deuda con la mayoría de los paraguayos, especialmente los más desfavorecidos. Desfavorecidos justamente porque la injusticia los condena todo el tiempo a mantenerse en esa condición.
Un año después, seguimos sabiendo que algunos fiscales y jueces toman posiciones a priori. La condena está dada antes del debido proceso.
