Años atrás, los rematadores urgieron a la Corte Suprema de Justicia que se disponga a los actuarios judiciales, que procedan a firmar en el día los edictos de los remates que son presentados por los profesionales de dicho fuero, problema con que tropiezan actualmente en las circunscripciones de Capital y Central.
El abogado y rematador público Atilio Estigarribia, presidente del gremio, señaló que “el problema radica cuando los rematadores presentan los edictos para los avisos de subasta pública y que la mayoría de los actuarios no controlan de manera inmediata los edictos y algunos sobrepasan de manera desmedida el tiempo para firmar, a tal punto que los informes de condiciones de dominio y gravamen expedidos por la Dirección General de los Registros Públicos vencen por ser un breve lapso que tiene de duración”.
La asociación considera que la mayoría de los actuarios judiciales nombrados son gente relativamente joven, que poco o nada conocen lo que es el trabajo del rematador público, quien sobrevive únicamente del trabajo que realiza en las subastas públicas, ya que no poseen sueldo fijo.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de publicar los edictos, los actuarios solo deben controlar y firmar, pero qué pasa, hay actuarios que retienen y cajonean los edictos, que tienen que ser firmados en el momento, pero atajan una, dos semanas y en ese ínterin, ya vencen las condiciones de dominio del inmueble que dura 20 días en los Registros Públicos. Ya hemos presentado varias notas a la Corte sobre esa problemática. En Capital y Central tenemos el problema”, sostuvo Estigarribia.
Dijo además que “los rematadores no son asalariados y viven únicamente de los remates”.
