La comisión especial que estudia el pedido de intervención de la Gobernación de Central, de línea cartista, presidida por el diputado colorado Ángel Paniagua, afín al cartismo, tiene un plazo de 15 días para emitir un dictamen sobre el pedido de intervención. Ante la suspicacia que generó su nombramiento, Paniagua negó que su condición de colorado signifique que se haya puesto al ratón cuidando del queso. “El ratón no cuida absolutamente nada. La denuncia viene de los concejales de la oposición, entonces si va un opositor en la presidencia va a ser lo mismo; no hay ningún articulado que diga que un colorado no pueda presidir”, dijo.
La oposición, en cambio, sospecha de maniobras dilatorias, ya que ni siquiera fue considerada una línea de acción, ni un calendario para convocar a los concejales departamentales y al gobernador Hugo Javier González. La oposición critica el nombramiento de un colorado al frente de la comisión, pero en ese punto ellos son víctimas de su propia fragmentación.
De acuerdo con la publicación de ÚH, de parte de los diputados colorados fue notoria cierta actitud condescendiente; “no vamos a hacer a los apurones las cosas”, dijo uno, mientras otro agregó: “A mí me extraña que ustedes estén muy ansiosos”. Al respecto, se podría afirmar que este es un caso sobre el cual toda la prensa paraguaya viene discutiendo y publicando documentadamente desde hace unos 5 meses. Los colorados son los únicos a quienes no parecen inquietar las serias acusaciones en contra del gobernador colorado. El receso parlamentario está a la vuelta de la esquina, y la ciudadanía sabe reconocer una maniobra dilatoria cuando la ve.
Esto, sin embargo, no significa que la ciudadanía esté dispuesta a aceptar que este caso termine con la tan lamentable conocida impunidad. Recientemente un grupo de manifestantes protestaron frente a la Gobernación de Central para exigir que la administración de Hugo Javier sea intervenida. En Areguá se reunieron a reclamar un grupo de vecinos para denunciar “el robo por parte de la administración de Hugo Javier en plena pandemia”, gobernador colorado cartista a quien denominan “el gobernador más ladrón de la pandemia”.
Hugo Javier González y otras 14 personas, entre funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), están procesados por la supuesta existencia de un esquema para obtener dinero a través de “obras fantasmas”. Todos ellos están imputados por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
La Gobernación de Central había recibido 1 millón de dólares, provenientes del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones, unos 800.000 dólares, fueron entregados a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras viales y mejoramiento de espacios públicos. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, y aparentemente obras fantasmas.
Si en un momento de crisis nacional hubo mal uso de los fondos públicos, no debe quedar impune. Esto no debe acabar en el oparei.
