Puso énfasis en que no se escatimaron recursos económicos en los últimos años para esta lucha. Se gastó en torno a los USD 100 millones, así como se permitió que actúen bajo normas de estado de excepción en un territorio militarizado prácticamente desde el 2013. Y los resultados son muy pobres.
“La cuestión de fondo nos lleva al debate con la concepción misma de la democracia y estado de derecho. En un estado de derecho es justamente el Estado el que garantiza y protege los derechos básicos de sus ciudadanos, máxime de menores de edad”, puntualizó. Remarcó que, a modo de ejemplo, en Paraguay está vigente la Ley 1897 que aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Mencionó que la propia Unicef Paraguay emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de dos niñas”.