El ingeniero Ernesto Bodenheimer, uno de los representantes de la aseguradora en cuestión, no se animó a detallar si el incendio dejó ante un peligro de derrumbe al edificio del Congreso. Se limitó a dar a conocer su rechazo sobre la quema de la sede por parte de manifestantes.
“Estamos colaborando. Nos encontramos trabajando de acuerdo a un proceso normal con relación a un edificio que fue incendiado. Estamos evaluando la reparación, los peritos mientras analizan la peligrosidad de la estructura. Nos queda esperar a que se defina quién serán el proveedor de los materiales”, explicó a la prensa.
Describió la situación de la sede legislativa como “fruto de un hecho vandálico” que ocurre en todo el mundo, especialmente en Argentina. “No es la primera vez que pasa, es un típico daño de vandalismo”, señaló.
A su criterio, golpear de esa manera un edificio histórico es “lamentable” y muy penoso ya que la discusión se debe llevar a otras instancia, no a la agresión. Dijo que romper un edificio es triste, y que no se siente cómodo con lo que ve.
La aseguradora deberá dejar nuevamente en condiciones la sede legislativa, debido a que el Congreso tiene un seguro contra incendios evaluado en USD 30 millones de acuerdo a la póliza de la Aseguradora Paraguaya SA, que entró en vigencia el 1 de marzo del 2017, informó el diario Extra.
El seguro para el edificio es de USD 20 millones, 6 millones de la moneda norteamericana en caso de incendio y otro valor que también incluye disturbios y vandalismo. Justo la sede fue asegurada 30 días antes del siniestro. El predio fue afectado en un 40%.
