En un comunicado remitido a Efe refiere que “ante la alarma social que ha provocado la utilización de esta tarjeta, que me fue facilitada por la entidad, quiero dejar muy claro de que nunca sospeché que su uso pudiese constituir un acto recriminable, como ahora se ha llegado a considerar”.
Asegura que “la cantidad asciende a 37.000 euros, que fueron destinados a gastos de representación en los tres años que hizo uso de ella y que supuso un gasto de poco más de 1.000 euros mensuales. Los gastos fueron de comidas y gasolina para sus desplazamientos cuando realizaba tareas relacionadas con la actividad de consejero”.
Asimismo, lamenta “profundamente las consecuencias de este hecho” y expresa “muy sinceramente mi sentido de responsabilidad”.
“Creo que para el futuro debemos evitar estos casos mediante un riguroso control de las decisiones que se puedan tomar en todos los ámbitos de la vida económica y financiera y así evitar estos lamentables sucesos”, concluye la nota de Arturo Fernández.
