El Estado argentino perdió entre 1980 y 2007 unos US$ 13.000 millones por la corrupción de sus funcionarios, según un informe de la organización no gubernamental Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
El informe forma parte de un estudio más amplio realizado por Poder Ciudadano, representante en Argentina de Transparencia Internacional, que sumó asimismo un trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que publicó ayer el diario La Nación.
El estudio advierte que, pese al alto costo que tuvo, “en la Argentina aún no se han dado a conocer medidas importantes para la promoción de transparencia y de castigo a la corrupción”.
“El dinero público que se pierde por la corrupción equivale a la construcción de 12 establecimientos de educación media, 104 jardines de infantes o la compra de 400 toneladas de leche para recién nacidos de bajo peso”, o el 18% del presupuesto nacional de 2010, alerta el estudio.
Los 13.000 millones de dólares que se fueron por casos de corrupción surgen de un estudio realizado por el CIPCE, una ONG argentina que hizo un seguimiento de 750 causas de corrupción en el Estado. Allí se tuvo en cuenta también que en los últimos 25 años los jueces federales sólo condenaron el 5% de los delitos económicos que investigan.
RECOMENDACIONES DE LA OEA. A su vez, el informe de la OEA es el resultado de un extenso relevamiento que hizo en septiembre último una comisión de expertos de esa organización internacional.
Allí se recomendó “la necesidad, por parte del Estado argentino, de contar con normativas de acceso a la información que garanticen y permitan esta participación ciudadana en el control de la gestión pública”, de acuerdo a lo publicado por el diario del país vecino.
También la OEA instó a “instrumentar medidas que les permitan a los funcionarios a cargo detectar la existencia de dinero pagado por corrupción, en caso de que se pretenda usar para obtener beneficios tributarios, fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios y adoptar las medidas necesarias para que exista la responsabilidad penal y administrativa de las empresas jurídicas que sobornan en el extranjero o dentro del territorio argentino, más allá de las sanciones que se apliquen a las personas vinculadas a las mismas”.
El informe elaborado por los expertos de la OEA también pide al Estado argentino que haya un seguimiento de recomendaciones realizadas con anterioridad, constata la publicación.
REACCIONES. Rodolfo Gil, embajador de la Argentina ante la OEA, expresó al diario La Nación: “Si se compara con países como Canadá, Estados Unidos o naciones más cercanas, como Chile o Uruguay, es obvio que no estamos bien. Pero, si se mira para abajo, la Argentina no está tan mal en cuanto a la lucha contra la corrupción”.
A la vez, Gil mencionó: “En la Argentina, un tema que siempre surge cuando se analiza la lucha contra la corrupción, es la falta de independencia de los poderes del Estado”.
En tanto, Pedro Biscay, del CIPCE, señaló que “ante la ausencia de condenas, la respuesta usual se orienta hacia la creación de figuras penales y el aumento de penas. Si esto no funciona para el delito convencional, menos produce efectos frente a delitos que gozan del amparo o el auspicio y la participación del poder político”.