Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que sólo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
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De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).
“Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó Adorni.
El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales”.
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Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como ‘corralito’ bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
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Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
EFE
