Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina-, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano (exMinisterio de Desarrollo Social).
“No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo doce días desde que el Gobierno asumió. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.
En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo ‘antipiquetes’ establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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El Gobierno minimizó la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales y aseguró que apenas 470 personas participaron en las protestas en distintos sitios de la capital argentina y alrededores del conurbano bonaerense, 635 se manifestaron en ciudades de la provincia de Buenos Aires, 150 lo hicieron en la provincia de Tucumán (norte) y unos 50 en Santiago del Estero (centro).
El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado criticó con duresa el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Milei: “es un retroceso institucional que de un plumazo nos devuelve a 1976. Se intenta instaurar en el país el programa económico de la última dictadura militar”, dijo.
Las reformas del Gobierno para buscar la estabilidad económica incluyen desde ceses de contratos laborales con el Estado, hasta privatizaciones de empresas estatales, pasando por la reforma de las leyes del trabajo.
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En la tarde del viernes, trabajadores ferroviarios se sumaron a las protestas en el vestíbulo de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires, contra la posible privatización de sus puestos de trabajo.
Sin alterar el normal funcionamiento del servicio y al grito de “los trenes y la patria no se venden”, los empleados advirtieron de que podrían volver a la década de los año noventa, con despidos, cierre de ramales y elevados costos del transporte público.
Ante esta situación, el sindicato presentó un amparo ante la Justicia pidiendo la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta” del decreto, ya que ATE alegó que “el presidente Milei se atribuye facultades extraordinarias que atentan contra la división de poderes de la República Argentina”.
Fuente: EFE.
