El caso se inició a raíz de la denuncia realizada por Nora Robles y Lorenzo Orué, ante la Fiscalía, donde pidieron que se investigue a Margarita María Morselli, directora ejecutiva de El Cabildo, porque, presumiblemente, habría firmado contratos en 23 ocasiones en representación del Centro Cultural de la República El Cabildo.
Indican que los convenios, acuerdos y contratos vinculantes con obligaciones patrimoniales para el Estado, en carácter de representante del Estado paraguayo “El Cabildo”, sin tener autorización administrativa necesaria para cada caso, siendo El Cabildo una dirección dependiente administrativamente de la Presidencia del Congreso.
Remarcaron que los denunciantes sostienen que Margarita Morselli de Codas asumió indebidamente un cargo inexistente de directora general, sin que este cargo exista en el organigrama institucional de creación del Centro Cultural de la República El Cabildo, firmando en tal carácter diversos convenios sin tener la autorización legal para el efecto.
En el caso se le atribuye un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de G. 2.669.840.000, al haber suscrito irregularmente, mediante su firma, 23 contratos con obligaciones patrimoniales para el Estado por la citada suma, sin contar con la debida autorización y sin que estos cumplieran las condiciones mínimas exigidas que habilitan a contratar a El Cabildo por la Ley de Contrataciones Públicas ni las que habilitan el uso de los fondos transferidos por el Estado al Centro Cultural Comuneros.
Además, la ejecución durante tres años y medio de los 23 contratos, con el consecuente pago de G. 2.669.840.000, provenientes de fondos públicos que fueron utilizados sin estar legalmente autorizados y que debían devolverse al Estado.
Igualmente, no haber denunciado que la Asociación Cultural Comuneros, en contra de la Ley del Presupuesto y de forma arbitraria, utilizó la citada suma provenientes de fondos públicos utilizados en eventos que ella organizaba como directora ejecutiva de El Cabildo.
La investigación fiscal
Tras la investigación correspondiente, la Fiscalía realizó varias diligencias para constatar si dichas contrataciones fueron autorizadas de conformidad a lo que establece su reglamento.
En ese sentido, se puede verificar en la carpeta fiscal que Margarita María Morselli se encontraba plenamente autorizada para firmar acuerdos y convenios de conformidad a los documentos proporcionados al Ministerio Público dentro de la investigación tanto por la Asociación Comuneros como por las resoluciones del Congreso.
El juez Otazú, al realizar el análisis del pedido, señala que se puede concluir que la Fiscalía realizó las diligencias necesarias para determinar la existencia de alguna conducta que pueda enmarcarse dentro de una conducta penal.
Añade que, a raíz de las pesquisas, “no se pudo evidenciar que la señora Margarita María Morselli haya incurrido en una conducta que provocara un perjuicio patrimonial al Centro Cultural de la República El Cabildo, ni que haya abusado de las facilidades derivadas de su posición en carácter de directora ejecutiva de la institución que le fue depositada”.
Con ello, el magistrado dispuso la desestimación y el archivo de la denuncia señalada.
