El principal “pero” se centró en la universalidad de la propuesta que prohíbe el cobro de arancel en las universidades públicas y modifica la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
Los senadores habían aprobado en medio de una (necesaria) movilización el arancel cero universal, pero los diputados ayer realizaron modificaciones que no solo abren la posibilidad de seleccionar a beneficiarios basándose en el amiguismo, sino que extenderán la vigencia de la ley recién a partir del 2021; por supuesto, si el documento se llega a sancionar y promulgar.
Esto significa que el resto del año los jóvenes tendrán que ingeniarse para pagar el arancel del segundo semestre o abandonar los cursos, ya que muchos son también trabajadores que fueron afectados –al igual que sus familias– por la crisis económica que se agravó con la pandemia.
Durante el debate acerca de la universalidad algunos diputados se sinceraron como el caso de Carlos Silva (PLRA), que advirtió que si se deja en manos del Poder Ejecutivo reglamentar el mecanismo de selección para que la ley beneficie solamente a personas en situación de vulnerabilidad, se corre el riesgo de caer en la vieja práctica del cuoteo político, mismo problema que alertó su colega Antonio Buzarquis, quien incluso dio ejemplos de cómo los propios legisladores pueden influir en la manipulación del eventual censo que establezca el Ejecutivo, como había ocurrido con el programa de pensión a adultos mayores.
Otra realidad que recordó, por su parte, la diputada Kattya González es la vigente claque en las universidades que se aprovechan de la autonomía administrativa para beneficiar a un sector y no es ajeno a nuestro conocimiento cómo intervienen los partidos políticos en este comportamiento.
Como los miembros de la Cámara Baja no podían rechazar un reclamo tan legítimo, agregaron algunos institutos en la ley, pero admitieron la gratuidad solo para los jóvenes que provengan de colegios públicos y subvencionados. Sin embargo, este punto también es ambiguo porque abre las puertas a estudiantes de colegios privados que deben pasar por un sistema de selección que mida su condición socioeconómica, un mecanismo que no mejora la desigualdad en la educación, sino que nuevamente se presta a favores políticos.
También se discutió la necesidad de cubrir la manutención y, en efecto, la gratuidad es insuficiente, pero es un comienzo.
ALGUNAS CIFRAS. Son alrededor de 80.000 los estudiantes beneficiados con la normativa que propone el acceso gratuito a la educación superior universitaria. La UNA, por su parte, había expresado su preocupación por la iniciativa, ya que con la medida corre el riesgo de no llegar a su meta de recaudación de más de G. 116.403 millones en el 2020. Sus principales fuentes de ingreso son la Facultad Politécnica, de Derecho, Arquitectura, Economía e Ingeniería.
A un grupo de investigadores de la Politécnica también inquietó la cuestión de recursos y sugirió medidas a corto, mediano y largo plazo. En la primera etapa propuso un sistema de becas, en la segunda reforzar el otorgamiento de becas e implementar créditos subsidiados por la banca pública, mientras que recién en el largo plazo consideran pertinente establecer la gratuidad, en tanto que los estudiantes urgen que las medidas rijan de inmediato, porque la educación, en todos los niveles, está en emergencia.
