Los universitarios cuestionan tres puntos del decreto que limitan la propia naturaleza de la ley, como por ejemplo, que un estudiante pueda acceder al arancel cero hasta 5 años después de haber egresado del colegio, si un estudiantes es irregular hasta dos años de la duración normal de la carrera pierde el beneficio y tampoco se otorgará a quienes hayan ingresado luego de haber intentado varias veces en una institución.
Según los estudiantes, estas limitaciones introducidas por el Ejecutivo son anticonstitucionales e ilegales porque atentan con lo estipulado por la misma ley.
Mauricio Kiese, de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la UNA (Ceuna), manifestó que de no obtener respuestas a sus reclamos, analizarían la posibilidad de llamar a un paro arancelario. Es decir, no pagar matriculas en ninguna de las unidades académicas de la UNA.
También se analiza presentar ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay manifestó su rechazo a las barreras impuestas por el Decreto Presidencial 4734 para acceder a la educación.
Además emplazan al Poder Ejecutivo por 15 días para que rectifiquen los artículos que atentan contra el espíritu de la misma ley.
La ley de arancel cero fue producto de una serie de reclamos y movilizaciones realizadas por los estudiantes universitarios y que consiguieron el apoyo a instancias del Congreso.