En el Senado se aprobó la modificación de la ley que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control (pulseras), que ahora dejará de estar a cargo de la Corte y pasará a manos del Ejecutivo.
Estos cambios se dan en medio del debate en torno a la crisis penitenciaria, que explotó recientemente con el enfrentamiento entre el PCC y los Rotela, en San Pedro.
Fue la senadora Desirée Masi quien pidió que se trate este tema en la sesión, ayer, y explicó que llevará su proceso, ya que depende del artículo 245 del Código Penal sobre medidas sustitutivas, el cual también está en estudio.
Ahora esta propuesta legislativa debe ser analizada por los diputados, que decidirán rechazo o sanción.
Masi manifestó ante el plenario que se había establecido que tanto la reglamentación como la implementación correspondería a la Corte.
Mencionó que desde el Poder Judicial argumentaron que no tienen infraestructura, por lo que se decidió delegar la tarea al Ejecutivo.
Refirió que el presidente Mario Abdo Benítez finalmente determinará si quedará a cargo del Ministerio del Interior o el de Justicia.
“Lo que se cambia es la autoridad de competencia para la reglamentación y aplicación”, señaló.
“Tenemos que modificar dependiendo de lo que pase con el artículo 245 del Código Penal. Mientras tanto no vamos a poder usar”, indicó.
Refirió que en la ley del uso de dispositivos electrónicos se estableció que no podrán ser utilizados por personas imputadas o acusadas.
Además, trajo a colación que es un sistema caro, pero que en algún momento van a tener que implementarlo.
Remarcó que generalmente estos dispositivos están dirigidos para los casos de violencia doméstica, donde la expectativa de pena es mayor.
El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen remarcó que el Senado tenía que constituirse en comisión para dictaminar y tratar, y así fue.
El liberal Víctor Ríos sostuvo que el gran obstáculo justamente era el ámbito de aplicación de la ley.
Alegó que se tenía que encontrar el mecanismo para hacer obligatorio el uso del sistema de monitoreo, por lo menos en algunos casos considerados importantes.
Masi volvió a remarcar que la modificación solamente tiene que ver con el área de competencia, que será una discusión entre Interior y Justicia. “Que vea el Ejecutivo quién va a implementar”, señaló.
Consideró importante que por lo menos ya se pueda comenzar a estudiar el tema.
“El Ejecutivo dice que no están estudiando bien, porque la competencia es de la Corte. La Corte considera que no es su ámbito, y que no tiene capacidad luego”, acotó.
“No es solución inmediata ni milagro. Solo para que alguien se haga cargo”, dijo.
El liberal Fernando Silva Facetti trajo a colación que fue un capricho para la Corte la reglamentación. Agregó que ahora alegan que no van a poder liderar el proceso.
