El proyecto volverá a ser tratado en la Cámara de Senadores, en donde se necesitarán 23 votos para ratificar la postura inicial. De allí debe retornar a la Cámara Baja, en la que ya deben contar con 41 votos para rechazar nuevamente el documento o, de otra manera, quedará sancionado.
La aplanadora cartista en la Cámara Baja maniobró para que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación retoque los cambios introducidos por el Senado en el artículo 52. De esta forma regresan las potestades al Poder Ejecutivo en la ley de APP y el Congreso no intervendrá en las adjudicaciones, solamente exigirá un informe semestral, es decir, cada seis meses.
El debate se caracterizó por su duración de casi cuatro horas y el fuerte componente ideológico. Uno de los más férreos defensores de la legislación fue el diputado colorado José María Ibáñez, quien en una sesión anterior había criticado las modificaciones de la Cámara Alta y había afirmado que los hoteles del país estaban “abarrotados de inversionistas”.
Semanas atrás, el Senado, con el apoyo de los colorados disidentes (G15) y la multibancada opositora, dio media sanción a la normativa, a fin de devolver al Congreso Nacional la posibilidad de revisar, caso por caso, los proyectos que serían ejecutados dentro del marco de las obras que involucren una alianza público-privada.
El Senado señala que el artículo 52 de la Ley otorga superpoderes al Ejecutivo para la aprobación de las inversiones. Este expresa la facultad del presidente de establecer alianzas con el sector privado para la concreción de los proyectos de infraestructura, sin necesidad de que sea estudiada en el Congreso.
Esta normativa fue una de las primeras leyes económicas impulsadas por el presidente de la República, Horacio Cartes, y rápidamente sancionada por el Congreso en los primeros meses de su gestión, en el segundo semestre del 2013.
En aquel tiempo, el mandatario gozaba de una estabilidad en ambas Cámaras legislativas, por tener la fidelidad de todas las bancadas del Partido Colorado. Sin embargo, ese escenario político cambió con las internas partidarias y el resquebrajamiento interno dentro de la ANR.
En coincidencia con el tratamiento de las modificaciones por parte de Diputados, campesinos y organizaciones que forman parte del Partido Paraguay Pyahura (PPP) realizaron movilizaciones y cierres de ruta en todo el país, exigiendo la derogación de la normativa.
