El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, encargado de celebrar la vista oral, tomó la decisión de postergar el proceso por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integran esa cámara judicial, que fue internado hoy en un centro hospitalario para realizarle de urgencia un baipás aorto coronario.
Hace justo una semana, el TOF 2 había rechazado aplazar el juicio después de que Fernández, viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), pidiera cambiar la fecha al considerar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.
Se trata de la primera causa que llega a juicio de las que afectan a la ex jefa de Estado, en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El constructor, ya detenido, es otro de los imputados que deberá sentarse en el banquillo, al igual que el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, primo de Kirchner.
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El juez Julián Ercolini, encargado de la instrucción, expresó al elevar la causa a juicio que Cristina Fernández “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.
Se investiga si esas supuestas maniobras habrían tenido el “objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”.
La ex presidenta –que por ser senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto– también está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios como Báez algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir supuestamente retornos de dinero público.
Cuatro de los expedientes en los que está procesada ya fueron elevados a juicio oral, pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada, en un año marcado por la agenda política, ya que en octubre se celebrarán elecciones presidenciales –con primarias en agosto– para las que Fernández todavía no ha confirmado si será candidata.
