Los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentaron un proyecto de resolución que remite a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE), al Mercosur y a las delegaciones internacionales con representación diplomática en Paraguay el informe final del examen especial de la deuda de la Itaipú Binacional realizado por la Contraloría General de la República.
Igualmente, remitir el informe a los medios de comunicación masiva internacionales más importantes, como BBC News, The New York Times, Clarín, Agencia EFE, CNN, ABC News, Bild, Rede Globo.
Esto con el fin de que la comunidad internacional tome conocimiento sobre la situación acaecida en Itaipú entre los años 1985 y 1997, que generó una deuda espuria en perjuicio de la República del Paraguay, “debido, principalmente, a la presión ejercida por la República Federativa del Brasil con la complicidad de los miembros del Consejo de Administración y otras autoridades de Itaipú, lado paraguayo”.
Se señala en el proyecto que es deber moral de la Cámara de Diputados hacer todos los esfuerzos para “generar la suficiente empatía e información oficial para que instituciones de diversas partes del mundo comprendan la dinámica y la posición del Paraguay ante el Brasil en la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú”.
Del mismo modo se indica que estos organismos internacionales tienen dentro de su estructura orgánica dependencias especializadas que pueden analizar la documentación remitida. “Motivo por el cual se sugiere se envíe a las principales autoridades de cada organización, a fin de que se analice el mejor destino de la documentación”, expresa el texto.
Los diputados opositores ya habían impulsado un proyecto instando al Ministerio Público la investigación del caso, que consideraron una traición a la patria.
PRESCRIPCIÓN. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, pero hasta ahora los fiscales no determinaron el hecho punible a enmarcar en el caso, debido a que la mayoría de las figuras penales han prescripto, teniendo en cuenta los años en que se dieron los hechos.
Para la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), la tarea será difícil y por ello considera que al menos se debe identificar a los responsables históricos de este hecho.
El informe de la Contraloría señala que se ocasionó el aumento indebido e ilegal del saldo de la deuda que, a diciembre de 2020, asciende a USD 3.856.790.000.
Los hechos se sucedieron principalmente entre 1984 y 1996, según reveló el informe presentado por el contralor Camilo Benítez, en tanto que la mayoría de las normas penales ya fenecieron a los cinco años, como es el caso de la lesión de confianza.
“El Ministerio Público debe verificar si hay hechos que aún pueden ser investigados, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los plazos de prescripción”, expresó Vallejo.
Kattya González resaltó que los hechos punibles contra la existencia del Estado están previstos en la legislación penal.
“El ordenamiento jurídico nos protege de los traidores que maquinan la entrega de nuestros intereses a potencias extranjeras. Esto sin perjuicio de la sanción por el daño patrimonial”, explicó.
La diputada manifestó que es necesario tomar acciones para recuperar el perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil.
“Se embolsaron cuatro mil millones de dólares que pertenecen al Estado paraguayo, y con esta convicción el Paraguay debe ir a negociar en el 2023. Brasil debe empezar a respetarnos como condómino y país soberano. Tenemos que recurrir a la comunidad internacional para que no nos arrodillen y no nos dobleguen”, sentenció.
Especialistas del sector energético indican que quizá no sea posible recuperar el dinero perdido por las eventuales malas administraciones, pero que la auditoría de la Contraloría podría servir para defender la causa paraguaya.
Tenemos que decidir políticamente usar este informe no solo para la renegociación sino para las acciones de recupero. Kattya González,
diputada del PEN.
Por esto los colorados no querían que se abran las puertas de Itaipú, de esta forma Brasil compraba a las autoridades. Édgar Acosta,
diputado del PLRA.
