Rojas señala que él debe quedar como encargado de despacho de la Gobernación hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre el informe de la intervención.
Entre los puntos mencionados para la recusación, el concejal mencionó que Adriana Narváez es la prima de la esposa del candidato a gobernador cartista, María Alejandra Bellenzier. A su vez, es la esposa del gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón, del movimiento Honor Colorado, y por lo tanto el edil señala que debe apartarse por tener mucha afinidad con el cartismo y el gobernador.
“La jueza se aferra al cargo a pesar de ser pariente de una de las partes y por amistad manifiesta, por tanto, ella tiene interés en el pleito”, expresó.
Dijo que no se apartó, debiendo hacerlo y es una causal para ser enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Además, se corrió traslado a la otra parte para que conteste, Juan Carlos Vera, y una vez que este conteste, la apelación se elevará al TSJE para que los ministros se expidan.
Los interventores de la Gobernación de Guairá denunciaron que hubo una presunta malversación de G. 18.600 millones y también la Junta Departamental recurrió a la Fiscalía de Delitos Económicos, con sede en Asunción, para denunciar el hecho.
Una vez finalizada la intervención, Rojas aseveró ser el encargado de despacho mediante un acta notarial. El ministro del Interior, Federico González, manifestó que se llegó a un acuerdo para que el edil quede al frente de la Gobernación hasta que Diputados resuelva si Vera debe salir o no del cargo.
En tanto, Vera, mediante un amparo constitucional concedido por la jueza Adriana Narváez, quien argumentó que no hay impedimento legal para que Vera cumpla su rol de gobernador, y que el único órgano competente para decidir su destitución es la Cámara de Diputados.
El gobernador guaireño actualmente está en campaña por Honor Colorado para la senaduría y se atrincheró en la oficina de la Gobernación, para recuperar su cargo. El mismo tiene nuevos colaboradores en la administración.
Vera había sido denunciado por el presunto despilfarro de unos USD 2 millones, correspondientes a los fondos otorgados durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Según el gerente del Banco Nacional de Fomento, Luis Fernando Galeano, el interventor Pablo Vera sigue siendo el ordenador de gastos de la Gobernación y el gobernador solicitó el cambio de firma, pero hasta el momento no se resolvió.
Según la encuentrista Kattya González, “no existen los votos” en la Cámara de Diputados para tratar el tema, ya que cuando se llega a ese punto, se levantan todos los diputados colorados.
Para la parlamentaria, “no hay conciencia de tratar las irregularidades” y estima que hay “un pacto de impunidad”.