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Alberto Binder es conocido experto en leyes por sus aportes a la reforma procesal penal en Paraguay que removió 500 años de cultura inquisitiva. El jurista plantea modificar el Código Procesal Penal y que se trabaje más intensamente en las medidas alternativas. Manifestó que de manera urgente se debe cambiar el funcionamiento de los Tribunales para permitir que se oralice todo el proceso. Le preocupa enormemente el crecimiento de las condiciones de criminalidad, de violencia, al instalarse grandes mercados delictivos.
–¿Cómo ve el Código Procesal Paraguayo?
–El Centro de Estudios Judiciales presentó modificar el funcionamiento cotidiano de la Corte para tener más audiencias, para que tenga más control de tiempo, para que trabajen en salas especializadas, que sea un Tribunal que se dedique exclusivamente a lo jurisdiccional con tiempos acortados que no generen más arbitrariedad, sino que otorguen seguridad jurídica al país.
–¿Qué se debe modificar en la justicia penal?
–La justicia penal no ha terminado de satisfacer necesidades sociales, hace falta que actúe más inteligentemente en todo lo que tenga que ver con la persecución penal, de tal manera que esta tenga efectos sobre el control de la criminalidad, es decir, que produzca efectos sociales en reducir la criminalidad y en los niveles de violencia, trabajando de un modo más intenso entre fiscales y policías, con un diseño político más estratégico, más ajustado a la realidad y hace falta que los mecanismos de oralidad sean puestos en práctica en un modo cotidiano.
–¿Algo más?
–Hace falta establecer un nuevo diálogo con la administración de justicia y la sociedad, hay que mejorar mucho la jurisprudencia y trabajar sobre un sistema de precedente que les dé seguridad jurídica al país. Hay que mejorar el ejercicio de la abogacía como parte de la administración de justicia tanto desde el punto de vista de la academia, como desde los controles de los colegios de abogados. La reforma de la justicia penal demostró que se puede sostener una política de largo plazo en el tiempo.
–¿La modificación del Código Procesal Penal ha ayudado?
–Se ha producido un salto enorme con respecto a la justicia penal antes de la reforma; sin embargo, al mismo tiempo se han agravado las condiciones de criminalidad, de violencia, se han instalado grandes mercados delictivos, han aparecido nuevas realidades que les han generado nuevos desafíos a la justicia penal para lo cual se debe seguir trabajando, no alcanza con los hechos.
–¿Qué se debe cambiar de forma urgente?
–En el caso de la justicia penal hay que hacer cambios bastante urgentes en el funcionamiento de los tribunales para permitir que se oralice todo el proceso y hay que hacer ciertos retoques en el Código Procesal Penal que con base en la apariencia permite fluir y darle rapidez al proceso, así como también aumentar las salidas alternativas, es decir, hay que volver a ideas originales que se fueron perdiendo.
A mí me parece que Paraguay necesita un cambio y viene discutiéndolo por lo menos desde hace siete años, un cambio importante en su estructura judicial superior, porque el resto de los cambios que había hecho, ya sea en la injusticia penal y en el Consejo de la Magistratura, no terminan de arrancar si no se hace un rediseño de la institucionalidad del alto nivel del Poder Judicial, eso implica un cambio de funcionamiento de la Corte Suprema y un cambio de funcionamiento del aspecto administrativo del Gobierno.
–¿Que piensa de la prisión preventiva?
–Todavía no se han encontrado mecanismos para que se les castigue a las personas enviándolas a la cárcel, pero que se les castigue con humanidad y con un fin social positivo; sin embargo, los penales se han convertido en depósitos realmente crueles, que provocan grandes daños de la política criminal y de la misma violencia dentro de la sociedad.
–¿Qué solución sería la adecuada?
–Las medidas alternativas a la prisión, pero se deben trabajar profundamente para que sean tomadas en serio, no como meras cuestiones formales que la gente le ve como impunidad, pero que efectivamente sea otra forma de castigo social, ya que para enviar a la cárcel tienen que ser delitos muy violentos, pero hay otros que se deben buscar una alternativa, tiene que haber análisis más precisos y circunstanciado, ya que se manda a la gente a la cárcel, por rutina por decisión, sin pensar mucho, y esto generó que las cárceles exploten. Además, hay muchos reclusos que sin sentido están encerrados.
–¿Y el arresto domiciliario no sería más preciso?
–El arresto domiciliario no cuenta con un control por lo que termina convirtiéndose en una especie de absolución y la sociedad lo percibe de esa manera y esto genera una presión para que se use solo la cárcel como la respuesta adecuada. Las pulseras electrónicas ayudarían a que personas no vayan a lugares tan terribles como Tacumbú; pero se debe contar con un equipo que controle y haga cumplir las restricciones.