El abogado Ricardo Gavilán, fiscalizador de Dinapi, se trasladó ayer hasta la sede de APA para buscar los documentos solicitados el pasado 2 de junio, a fin de proseguir con los trabajos de verificación administrativa de los últimos cinco ejercicios de la entidad, indicó la Dinapi en la víspera. Sin embargo, los representantes de APA, “en total desconocimiento de la autoridad de Dinapi, se resistieron y no facilitaron tales documentaciones”.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual había retomado el proceso de fiscalización a la administración de APA en mayo pasado, por resolución del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala, instancia que había ratificado la potestad natural de la Dinapi para fiscalizar a la sociedad de gestión colectiva.
La resolución del Tribunal de Apelación dispuso, igualmente, que si la inspección no pudiera efectuarse útilmente dentro de las instalaciones, la Dinapi podrá proceder a la extracción de los registros pertinentes. Asimismo, estableció que el organismo estatal tiene la potestad de recurrir al allanamiento con apoyo de la fuerza pública en caso de que las autoridades de APA opongan resistencia; y por su autoridad administrativa, la Dinapi fijará el tiempo que considere conveniente.
Sobre Autores Paraguayos Asociados pesa una suspensión de seis meses y G. 182 millones, impuesta por la Dinapi por graves irregularidades administrativas, entre las que se citan millonarias autoasignaciones a directivos por más de G. 124.828.621 anuales.