La sentencia por la cual se declaró prescripta la causa por coacción que afrontó la joven Aurora Lezcano, por la protesta en la Universidad Católica de Asunción (UCA) en el año 2017, fue anulada recientemente por un Tribunal de Apelación.
Sin embargo, los camaristas decidieron admitir la extinción del proceso, dando así lugar al recurso planteado por la querella adhesiva del caso, representada por el abogado de la Universidad Católica, Carlos Montalbetti, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.
Según explicó a Última Hora el abogado de Lezcano, Guillermo Ferreiro, con ambos fallos se mantiene el sobreseimiento de la joven, pero que con la extinción, las costas deberán ser cubiertas por ambas partes, mientras que con la prescripción los gastos recaerían en la UCA, por lo que califica que “se está beneficiando nuevamente” a la institución educativa.
“¿Por qué hacen eso? Porque si confirmaban la prescripción tenían que condenar a la (Universidad) Católica a pagar el abogado de Aurora (Lezcano). Al hacer esa maniobra, le salvan a Aurora, pero la Católica no le tiene que pagar el abogado. Entonces, lo que hicieron es favorecer una vez más a ese equipo”, lamentó el profesional del derecho.
Afirmó también, que desde que se inició el proceso defendió que se había extinguido el plazo máximo del procedimiento y que estaba prescripta la posibilidad del Estado de aplicar una sanción por un delito menor, pero que el Tribunal hizo caso omiso a sus argumentaciones. No obstante, ahora llamativamente decidieron optar por la extinción.
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La nueva sentencia fue dictada por los camaristas Delio Vera, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, quienes anularon el fallo anterior, el cual había sido dispuesto por los magistrados Laura Beatriz Ocampo, Juan Mendoza y Fabián Weisensee.
La querella adhesiva había argumentado que se aplicó de forma incorrecta el derecho, que hubo falta de fundamentación, además de incongruencias, por lo que presentó el recurso de apelación, mientras que la defensa de Aurora pidió que se ratifique la sentencia de prescripción.
Previo al juicio que afrontó Aurora Lezcano, la Fiscalía había solicitado un año con suspensión a prueba de la ejecución para la joven, mientras que la querella pidió unos 2 años de pena privativa de libertad con cumplimiento efectivo de la condena.
