Anticorrupción recibió el 24 de agosto una denuncia en su portal web respecto al caso que se difundió en los medios esta semana. Sin embargo, recién el jueves ultimo, en coincidencia con la renuncia del procurador, Sergio Coscia, la institución decidió solicitar informes para investigar el caso.
El pedido exigido por el ministro de la Senac, René Fernández y dirigido a Petropar, contempla dictámenes jurídicos, acuerdos firmados con Texos, escritos de reclamos presentados por la empresa argentina y toda la documentación sobre la adjudicación realizada el 10 de diciembre de 2009, cuando empezó el conflicto.
Lichi, por su parte se llamó a silencio y hasta ayer no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto.
La polémica sobre el posterior acuerdo firmado el 2 de diciembre pasado se trasladó además al Congreso, donde los diputados trabajan en la solicitud de informes. Desde el Poder Legislativo, las diputadas Kattya González y Rocío Vallejo advirtieron que el 42% del monto negociado corresponde solo a honorarios profesionales.
“USD 7 millones equivalen a la compra de 600.000 dosis de vacuna Covid hoy y serviría para inmunizar a toda la capital de la República hoy azotada por el Covid, serviría para comprar materiales e insumos hospitalarios, ambulancias”, expresó la representante del Partido Encuentro Nacional.
Aunque no se llegó a desembolsar los recursos, reconoció el hecho como una falta grave e instó al Poder Ejecutivo a tomar una decisión política ante lo que podría ser como mínimo una negligencia en el uso del dinero público.
Por su parte, Vallejo publicó en su cuenta de twitter el cuestionado acuerdo y lanzó una serie de críticas. Teniendo en cuenta su experiencia en el ámbito de la justicia, principalmente le llamó la atención que a nueve años de la demanda civil no haya una sentencia de primera instancia. En ese sentido se pregunta qué ocurrió en el expediente en ese periodo, cuáles fueron los incidentes ganados o las excepciones.
Empresa pide pago por anulación de adjudicación
La petrolera estatal había anulado una adjudicación a la empresa Texos para la provisión de combustible por USD 70 millones. Se sospechaba que se trataba de una firma de maletín debido a que tenía un patrimonio de apenas USD 3.000, no contaba con otros documentos respaldatorios, pero aun así, Petropar le adjudicó la millonaria licitación.
Esta decisión le valió una demanda en Argentina en el 2010, pero como no prosperó el caso pasó al Juzgado Civil, donde Texos reclamó una indemnización por daños y perjuicios causados por la anulación del contrato. El ahora ex procurador, Sergio Coscia, y el actual presidente de Petropar, Denis Lichi, no informaron sobre el acuerdo firmado con la empresa en el fuero civil y que contempla el pago de USD 7 millones.
