Lo que se busca, según argumentan en su exposición de motivos los proyectistas, es que el Paraguay se adecue a las exigencias establecidas en el artículo 15 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que fue suscripto por nuestro país y que trata sobre el comercio ilícito de productos del tabaco.
El proyecto fue firmado por los senadores colorados disidentes Mario Abdo, Arnoldo Wiens, Eduardo Petta, Luis Castiglioni, Silvio Ovelar y Enrique Bacchetta; los liberales Roberto Acevedo, Carlos Amarilla, Miguel A. Saguier y Emilia Alfaro; Esperanza Martínez, del Frente Guasu, y Adolfo Ferreiro y Miguel López Perito, de Avanza País.
“Esta es una gran oportunidad para poner a prueba la voluntad política de las autoridades que integran el Gobierno”, dicen los proyectistas.
Señalan que lastimosamente, en los últimos años, resaltan al Paraguay no solo por los índices de crecimiento macroeconómico o lo atractivo que resulta para las inversiones extranjeras, sino por la alta concentración de negocios ilícitos vinculados al contrabando de cigarrillos, tráfico de estupefacientes y lavado de activos con serias sospechas de cobertura al financiamiento al terrorismo internacional, los carteles de la organización criminal regional y mundial.
Agregan que las noticias no surgen de aquí, sino de las agencias noticiosas de prestigio internacional que ponen seriamente en tela de juicio el compromiso del Paraguay en su agenda de lucha frontal contra la criminalidad organizada. El proyecto estipula las medidas de seguridad a ser aplicadas desde la producción inicial, envasado y comercialización del tabaco y las fuertes sanciones a quienes violen la ley. “Al que contrabandea, al que lava dinero, al que financia grupos armados y terroristas, que sepa que todo el peso de la ley le caerá encima, sin que importe la posición que ocupe en la sociedad ni la investidura o la función que ocasionalmente ejerza en el país”, añade el proyecto.