–El Ministerio Público es una institución permanentemente llamada a resolver conflictos. ¿Cuál es el principal desafío?
–El Ministerio Público tiene como misión la investigación de todos los hechos punibles que llegan a su conocimiento. El ciudadano tiene el derecho de hacer las denuncias de una circunstancia que pueda ser considerada un delito o crimen. A partir de ahí se presenta según el tipo de casos un desafío, porque justamente hay muchas veces que pueden estar dadas las circunstancias bastante claras, y en otras, estas circunstancias no son claras. A partir de ahí, toda la energía se tiene que volcar a conseguir estos elementos para poder sostener, por lo menos preliminarmente, si esto efectivamente se dio o no, y ahí tomar la decisión de imputar o no.
En el transcurso de la investigación, te pueden salir un sinnúmero de problemas… Hace cuestión de unos años, se implementó los recursos que presentan los abogados contra las resoluciones que admiten el acta de imputación. Los abogados dicen que no resulta claro y que no está delimitado y comienzan a discutir… tarda un mes a tres meses y ya es un contratiempo otra vez. Eso es algo nuevo, se comenzó a dar de manera hasta exagerada desde que salió la Acordada que reglamenta el control por parte de los juzgados a las actas de imputación. Esta acordada obviamente tuvo un fin práctico de asegurar que las actas de imputaciones reunieran las condiciones, pero esta finalidad otra vez está haciendo mal utilizada cuando hacen uso y abuso de ella.Con relación a la etapa preliminar, uno de los problemas que se dan son las dilaciones, los pedidos de suspensión y los otros son situaciones en que buscan alargar el proceso.
–¿La mora judicial es también un desafío?
–La mora es una realidad que se da tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Estas moras pueden ser atribuibles a las partes del proceso, pueden ser atribuirles muchas veces a una mala intención (el cajoneo de una causa o de un expediente), pero no debemos perder de vista que esta mora está vinculada también a la escasez de talento humano y de recursos de las instituciones para poder cubrir la alta demanda de acceso a la Justicia.
Al no tener talento humano, infraestructura, suficientes computadoras y la parte de apoyo técnico (sicólogos, médicos forenses, informáticos, contables, analistas, financieros) que necesitás según el tipo de investigación, atrasan el trabajo, porque el fiscal no trabaja solo.
Hoy día, el Ministerio Público particularmente está con 350 fiscales, una de las cifras más bajas en los últimos 10 años. Ahora en setiembre u octubre estarían integrando entre 50 y 60 fiscales que están en concurso, que va a ser un poco de alivio, porque tenemos compañeros que están cubriendo dos o tres unidades penales.
–Y ¿ahí entran los recortes presupuestarios?
–Sí, la última vez que se le dio al Ministerio Público una ampliación fue en el primer año de la administración de Sandra Quiñónez y a partir de allí se comenzaron a dar sistemáticamente recortes. El año pasado, con la administración de Emiliano Rolón, tuvimos un presupuesto que nos dio la posibilidad de incluir más funcionarios, se crearon cargos de agentes fiscales, también de fiscales adjuntos. La realidad es que hace 14 años nosotros no tenemos un aumento salarial y, sin embargo, tuvimos una depreciación del salario del 25%.
–Cambiando de tema, ¿cómo se trabaja ante el riesgo inminente de la manipulación política y cómo hace el fiscal para no contaminar su independencia?
–Hay muchos que comentan diversas situaciones y es una realidad que no se puede negar de que existan pedidos. No me refiero solamente de políticos, sino de poderes económicos o de ciertos sectores. Entonces, es la decisión que cada uno tome de ver que cómo va a afrontar esos pedidos o incluso si llegan a ser presiones. Los mecanismos que están habilitados son recurrir a su fiscal adjunto y, de ser necesario, al fiscal general, porque no hay una instrucción por escrito como tal, pero sí es claro el mensaje institucional de que la labor fiscal, nuestras investigaciones, nuestras decisiones, tienen que estar amparados exclusivamente en la ley.
–Y que se lleven los casos al Jurado de Enjuiciamiento se toma también como una presión?
–El Jurado es un órgano constitucional que fue creado para ver la gestión de un fiscal, si su gestión se encuentra ajustada a la ley o si, de repente, cometió o no mal desempeño. El abuso de la ley, el abuso de los recursos, es lo que siempre afecta negativamente en cualquier tipo de institución, en cualquier tipo de trabajo que uno desempeña y por supuesto, en el sistema de Justicia en sí, porque lo que se necesita son fiscales objetivos y jueces independientes y desde el momento en que te están generando temor, te están metiendo presión, molestando por redes sociales, no podemos jamás tener un sistema de Justicia que pueda ser independiente.
–Entrando a las últimas amenazas y atentados contra fiscales y jueces, ¿hay un instructivo a nivel nacional para reforzar la seguridad?
–En julio, el Ministerio Público, que es parte de la Aiamp, que es la Asociación Internacional de Ministerios Públicos de Iberoamérica, tuvo una reunión y en esa sesión se firmó un protocolo de seguridad de los agentes fiscales. El Paraguay, a través del Ministerio Público, con la presencia del doctor Emiliano Rolón, es signatario de este protocolo que forma parte de nuestro sistema interno institucional, que tendrá su lanzamiento. La implementación de este protocolo está a cargo de la Dirección de Protección a Testigos. Previamente se hace una evaluación de riesgo en cuanto a amenazas o situaciones concretas y, según el resultado, se deben adoptar diferentes tipos de medidas.
–Ahora, yendo a su labor como vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, ¿qué rol cumple esta agrupación en la labor institucional?
–La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay es una aglomeración de agentes fiscales y de funcionarios… Tiene por finalidad velar por el respeto de las garantías de sus miembros y proteger los intereses de los mismos. O sea, nosotros estamos a favor de nuestros asociados, toda vez que estos intereses sean lícitos y acordes a la ley y a los usos y a las prácticas que son tenidas como correctas.
