Editorial

Ante el enojo ciudadano Gobierno debe ser inflexible con corruptos

La Contraloría confirmó que las compras de insumos y camas del Ministerio de Salud estuvieron viciadas de irregularidades en todas sus etapas. Contrataciones Públicas concluyó que hubo graves irregularidades en la adquisición de mascarillas de la Dinac. Se desataron fuertes sospechas sobre un proceso de compra de tapabocas a través de Itaipú y la Fundación Tesãi a una firma amiga del vicepresidente. A pesar de los escándalos, los intentos de negociados continúan. Los corruptos no entienden que hay un gran hartazgo ciudadano. El presidente Abdo Benítez debe reaccionar con mayor firmeza y cortar de raíz la corrupción o perderá la credibilidad que se ha ganado en la lucha contra el Covid-19.

El informe final de la Contraloría confirma que la adquisición de insumos y camas hospitalarias por parte de las empresas proveedoras Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas al denominado clan Ferreira, llevada adelante por el Ministerio de Salud en el marco de la lucha contra el Covid-19, estuvo viciada de irregularidades.

Mientras amplios sectores aguardan –cada vez con menos paciencia– la reapertura de las actividades dentro de la cuarentena, asumiendo graves consecuencias económicas y, sobre todo, a nivel de empleo, el Gobierno actúa con displicencia a la hora de condenar los hechos de corrupción.

Si no fuera por las denuncias periodísticas y la reacción indignada de la ciudadanía, como por la acción fiscalizadora de algunos pocos legisladores, el lote de equipos traídos de China a precios millonarios hubiera sido adquirido sin muchos problemas. Ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que ante el informe de la Contraloría se decidió rescindir por completo el contrato. Ante la pregunta de si suscribiría una denuncia penal contra los responsables, Mazzoleni evadió la respuesta. La Contraloría cuestiona que Salud no cumplió los procesos requeridos para una compra de ese tipo y favoreció irregularmente a las empresas, adelantándoles una suma millonaria que ahora deberá ser recuperada.

Otra investigación, de Contrataciones Públicas, sobre la adquisición de mascarillas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, comprobó que hubo irregularidades en la adjudicación a la firma Proyectos Global SA, por un valor total de casi G. 120 millones. Este caso también saltó a luz por publicaciones periodísticas y motivó la renuncia del titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, actualmente procesado. Se hizo visible el esquema de las presuntas empresas de maletín armadas para acaparar licitaciones y compras directas del Estado.

Como si estos casos descubiertos fuesen suficientes, siguen apareciendo intentos de hacer negociados con el dinero del Estado en medio de la pandemia. Uno de los últimos presuntos casos detectados es el que envuelve a la empresa Flavors of America, de Ciudad del Este, elegida por el Ministerio de Salud para proveer dos millones de mascarillas quirúrgicas, en el marco de una operación realizada con la utilización de fondos de Itaipú Binacional a través de la Fundación Tesãi, sin contar aún con el necesario registro sanitario. La empresa, a la que aparece vinculado el popular futbolista Roque Santa Cruz, tiene como principal propietario a Walid Amine Sweid, empresario de origen árabe que ha sido señalado por supuesto lavado de dinero a favor del grupo terrorista Hezbollah. Sweid, a su vez, está relacionado con el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Tras el escándalo mediático, la empresa decidió finalmente retirarse de la operación.

Los corruptos también deben tomar nota del hartazgo ciudadano. El presidente Mario Abdo Benítez debe reaccionar con mayor firmeza y cortar de raíz la corrupción o perderá la credibilidad que se ha ganado en la lucha contra el Covid-19. Pero, sobre todo, se lo debe a los millones de ciudadanos que resisten en cuarentena, muchos de ellos sin trabajo, o habiéndolo perdido todo. La indignación ciudadana no va a soportar mucho más.

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