En ese acuerdo, entre otras cosas, se establecen los alcances, planes de mejoras y cánones. Pero también se estipularon las obligaciones de las partes.
Las cláusulas decimocuarta y decimoquinta establecen que la ANNP debe hacerse cargo del pago de remuneraciones al personal afectado por todo servicio en ese predio portuario. Pero además, debe costear los servicios básicos como electricidad, agua, teléfono, internet, telefonía y vigilancia.
Por si eso fuera poco, la administración estatal también debe devolver a PTP Group cualquier erogación que haya realizado para no interrumpir las operaciones por falta de personal o insuficiencia de equipos.
Por su parte, el consorcio PTP Group está obligado a pagar mensualmente USD 5.000 y a invertir USD 3.458.000 en 4 años, para mejorar la infraestructura del puerto en Villeta.
En contrapartida, maneja la recaudación de todas las cargas que entran por ese predio. Algunas de las operaciones fijadas por contrato son estiba y desestiba de graneles, carga y descarga, embarque o desembarque de graneles líquidos, entre otros.
El acuerdo entre la ANNP y la compañía es por 20 años. Recién después del sexto año, la ANNP puede subir el canon mensual.
Conferencia. Desde Puertos informaron hoy a ÚH que se encuentran analizando las denuncias hechas por televisión y medios impresos para realizar en unos días una conferencia para aclarar todos los puntos.
El jefe de Gabinete, Fredy Ibáñez, señaló que están juntando los documentos para exhibirlos y que si no hay respuestas aún es porque las autoridades están en constantes reuniones ya pactadas con anterioridad.
Una investigación hecha por SNT Canal 9, indicó que PTP Group estaría vinculado al empresario argentino Lázaro Báez, investigado en su país por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. En ese sentido, se reveló que directivos del consorcio que opera el puerto viajaron varias veces en la aeronave de Báez y hasta habrían comprado acciones de una firma de Báez por USD 2,3 millones.
El Ministerio Público decidió abrir una investigación sobre este caso. El ex director de la ANNP y actual diputado, Fernando Nicora López Moreira, y el actual titular del ente, Héctor Duarte, están bajo la lupa fiscal. También se investiga si GregSer SA, parte de PTP Group, es solo una empresa de fachada.
La administración actual de la ANNP también obvió un dictamen jurídico interno contrario para firmar la alianza. El análisis había detectado irregularidades como la falta de motivación, lo que iría en contra del interés del ente.