En el día en que celebraban el aniversario 131 de fundación del Partido Colorado, algunos de sus principales referentes, pertenecientes al movimiento Añetete, actualmente en el Gobierno de la República, no estuvieron a la altura de las circunstancias.
El primero de ellos, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, afirmó que la relación entre el diputado Ulises Quintana y el presunto narcotraficante detenido días atrás en el Alto Paraná es de responsabilidad personal; sostuvo que si el parlamentario recibió algún tipo de financiamiento personal, debe responder a las investigaciones individualmente y no involucrar al partido de gobierno. Para Villamayor, las actuaciones que la Fiscalía investiga no guardan relación con que Ulises Quintana sea autoridad.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también defendió al legislador imputado y ratificó que su intervención, en el hecho de tráfico de influencia que investiga la Fiscalía, fue en su carácter de abogado y no de legislador y que no salpica al movimiento Añetete. Según él, hay resoluciones de la Corte Suprema que permiten la doble función.
Conforme a los datos que maneja la Fiscalía, desde abril de este año existió un flujo de comunicación importante entre el diputado Ulises Quintana y el supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. Confirmó que la conversación en la que Cucho pide al parlamentario que interceda para liberar a su secretario, Diego Medina Otazú, con la suma de USD 190.000 de la Comisaría de Nueva Londres, no es la única que se encuentra en la carpeta investigativa.
Otra autoridad que también minimizó los hechos es el titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, quien al ser consultado sobre si pedirán el desafuero o la pérdida de investidura, respondió que son 80 diputados. “Vamos a ver qué deciden los compañeros”.
La presión que ejerció el diputado de Añetete sobre los policías se enmarca en lo que es tráfico de influencias, que es causal de pérdida de investidura, según el artículo 201 de la Constitución Nacional. El hecho está fehacientemente comprobado a través de las escuchas autorizadas por juez competente, que forman parte del pedido de desafuero de Quintana.
Los parlamentarios de Añetete tienen la obligación de impulsar la pérdida de investidura de Quintana, miembro del movimiento que llevó a la presidencia al actual mandatario. No pueden seguir minimizando el alcance de los hechos que son de por sí muy graves. Se espera que siendo parte del movimiento en función de Gobierno hagan un gran aporte al manejo transparente del Estado.
Paraguay no debe seguir contaminado por la narcopolítica.
