Los indígenas de la comunidad avá guaraní paranaense Tekoha Sauce, que reclaman sus tierras ancestrales a la Itaipú Binacional y se encuentran acampando frente a la reserva Limoy, en Alto Paraná, bajo amenaza de desalojo, recibieron algunas propuestas como para encontrar una salida al conflicto actual, entre ellas, la compra de tierras o la implementación de un régimen de gobernanza en la reserva.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, la senadora Hermelinda Alvarenga, detalló que están trabajando para que se encuentre una salida lo antes posible y no se llegue a instancias internacionales que traigan más condenas al país.
“Nosotros ya hicimos varias reuniones en una mesa interinstitucional, con la participación de la comunidad Sauce, analizando el tema del desalojo. Nos reunimos con autoridades de Itaipú, Indert, Catastro, Registros Públicos y la anterior presidenta del Indi. La Itaipú dice que cumplió con el grupo, pero que este se dividió, pero hay una ley que les ampara, mañana nos reunimos con el nuevo presidente del Indi para analizar las propuestas y buscar un acuerdo. Usted sabe que el año pasado se ha cumplido con cinco sentencias internacionales y esta caso nos puede llevar a una nueva sentencia internacional”, manifestó la senadora Alvarenga.
Detalló que se reúnen esta mañana, a las 11.00, con el nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, para abordar dicha situación.
PROPUESTAS. Alvarenga dijo que el próximo lunes 4 de noviembre convocarán a la comunidad Sauce para plantearle las propuestas que se presentaron y buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto.
“Hay una propuesta para que ellos sigan habitando parte de la reserva Limoy, pero cumpliendo que ellos solamente utilicen los recursos para sobrevivir, pero no comercializar, en un régimen de gobernanza. La otra posibilidad es la oferta presentada por una empresa dueña de un lugar que ofrecen, pero el precio es muy alto, ya que el Indi tiene poco presupuesto”, dijo, detallando que la oferta es de unos USD 37 millones por unas 3.000 hectáreas, en un área con bosques, y cultivos mecanizados.
Detalló que también se reunieron con el padre Nilo Zárate, director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc), quien dio el panorama histórico de lo que ocurrió con las 38 comunidades indígenas que fueron desterradas a principios de los ochenta por parte de la hidroeléctrica, y respaldó el reclamo de las indígenas.
PREOCUPACIÓN. La titular de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado dijo que están abocados a encontrar una solución lo antes posible, ya que las condiciones en las que se encuentran actualmente los nativos en la zona son extremadamente precarias y expuestos a los agroquímicos de los cultivos mecanizados que tienen frente a sus carpas. “Nosotros visitamos la comunidad, vimos que en el lugar hay niños, adultos y personas de la tercera edad, y creemos nosotros que esto ya no puede continuar, ellos necesitan estar en su tierra, tener una mejor calidad de vida, que los niños vayan a la escuela, que sean favorecidos en sus derechos como personas humanas”, manifestó la senadora Alvarenga, quien hace un año sigue el caso.
