18 abr. 2024

Analistas dicen que diputados no temen y atropellan las instituciones

Mario Paz Castaing y Jorge Seall afirmaron que el proyecto de ley de pérdida de investidura aprobado en Diputados es un atropello y una vergüenza. Lachi, en tanto, abogó por reglas claras.

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En la mira. El diputado Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias, fue salvado.

Analistas coincidieron ayer en que la decisión de la Cámara de Diputados de reglamentar la pérdida de investidura a través de una ley y de un reglamento interno, incluyendo al TSJE al proceso, representa un atropello a las instituciones.

El analista internacional y ex candidato al Parlasur Mario Paz Castaing afirmó que la decisión de Diputados de judicializar la pérdida de investidura a través de un proyecto de ley “viola la Constitución y es un atropello a las instituciones”.

Por su parte, Jorge Seall calificó como “una vergüenza” el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura presentada durante la sesión de la Cámara Baja el pasado martes. Aseguró que con esto los legisladores se ratifican y demuestran que no existe ningún temor hacia la ciudadanía. “Francamente me asusta la impunidad con la que pueden modificar o alterar la ley”, dijo a Ñandutí.

Reglas claras. A su turno, el analista político Marcello Lachi señaló que la Cámara de Diputados debe contar con reglas claras. Sostuvo que si bien no está de acuerdo en que “así nomás” se quite la investidura a un legislador, la misma regla podría ser utilizada posteriormente para sacar a un legislador que “moleste”.

“Yo no estoy a favor de que se quite así nomás la investidura porque esa gente ha sido elegida por el pueblo y personas, que otros partidos decidan es un arma muy peligrosa porque se utiliza para eliminar gente molesta para ellos, es un arma de doble filo; se deberían prever cosas intermedias; se pueden prever suspensiones o condenados, entonces sí se podría aplicar; debemos mirar la regla común”, puntualizó.

Agregó que “si aceptamos cualquier regla para echarlo, esa misma regla podría ser utilizada para alguien que no les gusta; hay que poner reglas que garanticen que el voto popular se respete, pero no se entiende qué tiene que ver la Justicia Electoral en esta ley”, indicó. Expresó que si no hay ninguna condena que pese sobre un legislador “prefiero siempre salvaguardar, el Parlamento tiene que tener una regla; desafortunadamente hay sectores fuertes en el Congreso que pueden joder a cualquier parlamentario. Con la misma regla de que echan a Portillo pueden echar mañana a Payo Cubas”.

Decisión. Tras un extenso debate el pasado martes sobre la forma de reglamentar el tratamiento de la pérdida de investidura de un legislador, los diputados decidieron que los procedimientos se establezcan por medio de un proyecto de ley.

Un total de 58 legisladores votaron para que el tema sea por ley y 18 vía reglamento interno. De esta forma, se dará trámite a un proyecto normal, es decir, también deberá ser analizado por el Senado. En lo que resta de este 2018 ya no se tratarán las pérdidas de investidura. Con esto, la Cámara Baja dio una bocanada de aire al diputado liberal Carlos Portillo, quien fue salpicado por audios filtrados.

Portillo seguirá blindado a pesar de acusación fiscal

El estudio del proyecto de ley que otorga un doble blindaje a los parlamentarios para la pérdida de investidura aún no culminó, por lo que se necesita de otra sesión para terminar el proceso.

En ese sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, señaló que pondrá a consideración de los líderes de bancada, la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para mañana o el lunes.

Dijo que no está en el ánimo de los legisladores dilatar el tratamiento de la normativa, ni de proteger a nadie, en referencia al liberal Carlos Portillo, cuyo pedido de pérdida de investidura no se pone a consideración del pleno a pesar que fue presentado meses atrás.

La fiscal Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó a Portillo por la supuesta comisión del hecho punible de Tráfico de Influencias y estima la existencia de méritos suficientes para la apertura de la causa a juicio oral y público.

El pedido de pérdida de investidura sobre el dirigente liberal se presentó a raíz de esta causa y no fue tratado con la excusa que no existía reglamentación, sin embargo con la reglamentación vía ley, tampoco se podrá tratar a no ser que presente un nuevo pedido.