La Plataforma Ética Ciudadana, conformada por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, presentó ayer las conclusiones preliminares del análisis realizado sobre la denominada deuda espuria de la binacional, que asciende a USD 4.193 millones, según informó la Contraloría General de la República (CGR).
El análisis de los peritos Ricardo Canese, Miguel Carter y Juan Antonio Pozzo ratifica que la deuda de Itaipú es enteramente ilegal, argumentando que se gestó con base en tarifas prohibidas por debajo del costo del servicio entre los años 1985 y 1997, no permitidas por el Tratado, y establece que la situación benefició en un 97,5% al sistema eléctrico brasileño.
Asimismo, los expertos sostuvieron que Paraguay debe exigir que Itaipú reclame el pago a las empresas eléctricas que no pagaron la tarifa igual al costo del servicio en su momento (siendo las principales Furnas y Eletrosul, subsidiarias de Eletrobras), por un total de USD 4.193 millones al 31 de diciembre de 1996, correspondiendo aplicar, además, el reajuste y los intereses pertinentes.
Igualmente, sostiene que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y/o los usuarios paraguayos sufrieron un perjuicio neto de USD 940,6 millones hasta el año 2020, teniendo en cuenta lo que la firma estatal pagó de más desde 1997 (USD 984,7 millones) y lo que pagó de menos entre 1985 y 1997 (USD 43,9 millones), antes y después de la puesta en vigencia de la tarifa derivada del Acuerdo de San Pablo, que marcó un precio superior al costo real del servicio de electricidad calculado en 1986 hasta llegar a la tarifa actual, de 22,6 USD/kW al mes.
RESPONSABLES. El trabajo de la Plataforma Ética Ciudadana identificó asimismo a los principales “responsables éticos” de la deuda espuria de Itaipú, señalando como los principales a Alfredo Stroessner y a Juan Carlos Wasmosy, acompañados por Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República.
Con un menor grado de responsabilidad, pero con alta incidencia en lo que respecta al tema, se menciona también a Andrés Rodríguez, Raúl Cubas y Luis González Macchi. Además, el informe hace énfasis en que la dictadura stronista perpetró un “brutal etnocidio” de 38 comunidades Avá Guaraní Paranaenses, que fueron desalojadas violentamente de la costa del río Paraná, para constituir el embalse de Itaipú.
Lugo y Duarte Frutos, los “mejores”
Conforme a las afirmaciones de la Plataforma Ética Ciudadana, los gobiernos de Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos son los que presentan un saldo claramente favorable de su gestión en Itaipú y particularmente con relación a la deuda espuria, “aun cuando se les puedan atribuir otros defectos y actos de corrupción”, según las conclusiones.