En esta nueva causal, que se suma a otras 12, señalan que las expresiones de la funcionaria pueden entenderse como una posición institucional y siendo la máxima autoridad quien las determina, por lo que le atribuyen no solo a la directora de prensa, sino también a la fiscala general, Sandra Quiñónez.
Además, el hecho de que dicha funcionaria cumpla funciones en otras instituciones privadas, no condice con su condición de empleada pública, por lo que acusan a Quiñónez de permitir el cobro indebido de honorarios por parte de la funcionaria a su cargo, sumando así otra causal más.
El libelo acusatorio con las 13 causales de juicio político a la titular del Ministerio Público podría ser presentado ya este mismo lunes para ser tratado el miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Baja. Si bien la oposición aún no cuenta con los números necesarios para llevar adelante el juicio político, algunos legisladores quieren dejar sentada ya su postura.
“En la cadena de mensajes, la directora o asesora de Comunicación de la Fiscalía General afirma que se busca ‘quitarle a la fiscala general para atajar los procesos abiertos y juicios que ya están en curso’ (sic). Además, que un legislador estaría ofreciendo ‘oro y moro por el juicio político’, debido a que una persona cercana al mismo podría ‘cargar con 15 o 20 años de cárcel por narcotráfico’”, mencionan como parte de lo escrito por Favole.
Peso pesado. También detallan sobre las conversaciones en que la funcionaria hace referencia a un peso pesado del narcotráfico que consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora y que “la parlamentaria sería una de las más apuradas por el juicio político y la que se escandaliza por el narcoestado”.
De igual manera, Favole mencionó en sus publicaciones sobre audios de un ministro del Ejecutivo que tendría vínculo con el narcotráfico. Todo esto fue el pasado miércoles, minutos antes de la sesión de la Cámara de Diputados donde se iba a solicitar una sesión extra, justamente para tratar el juicio político a Quiñónez. Asimismo, mencionan que la fiscala general del Estado salió a desautorizar y deslindó responsabilidad con respecto a lo mencionado por la funcionaria y dispuso la instrucción de un sumario administrativo.