Las campañas Itaipú 2023, Causa Nacional y ANDE Ñane mba’e presentaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) los requerimientos para impulsar la iniciativa popular para ampliar la tarifa social de energía eléctrica hasta los 1.500 kWh por mes. Los organismos comunicaron que ahora aguardan la resolución para empezar a recolectar las firmas a favor del plan, lo cual podría concretarse a fin de mes. Luego, necesitarán la rúbrica ológrafa o electrónica de por lo menos el 1% de los electores inscriptos en el Registro Cívico Permanente (47.829, según los 4.782.940 electores habilitados en la pasada elección general) antes de su tratamiento en el Congreso.
La propuesta, entre otras cosas, pretende crear el Impuesto al Alto Salario Público (IASP) para financiar la Tarifa Social Nacional, que se estima requerirá una inversión anual de USD 200 millones. El financiamiento para cumplir con la norma también se obtendrá evitando gastos superfluos y de la renta producto de las binacionales.
El ingeniero Ricardo Canese, señaló que la soberanía hidroeléctrica debe garantizar que ningún hogar paraguayo quede a oscuras, así como energía para la generación de empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y para la provisión de agua de las juntas de saneamiento. “Como campañas, impulsamos esta iniciativa popular, y esperamos que pronto el TSJE provea las planillas físicas y electrónicas para que la ciudadanía apoye este proyecto y sea aprobado en el Congreso. Se necesitan 50 mil firmas para su tratamiento”, detalló.
Añadió que la iniciativa popular también busca establecer la energía eléctrica como un derecho humano. “Con la renta eléctrica, que justamente se va a generar con la reducción de la tarifa de Itaipú, y con el ejercicio de la soberanía, que también estamos pidiendo a al Gobierno de turno, perfectamente se puede implementar esta ampliación de la tarifa social (…). Lo que falta es voluntad política”, aseveró.
Por su parte, Óscar Aguilera, también proponente del proyecto, recordó que se está utilizando la herramienta constitucional establecida en el artículo 123 de la Carta Magna, avalada en la Ley 6983/2022. “Presentamos en la Justicia Electoral este procedimiento para que sean habilitados los pliegos, así que oportunamente vamos a hacer esa campaña con fuerza a nivel nacional”, refirió.
Números. La tarifa social actual hasta los 300 kWh por mes es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias, por lo que la idea es ampliarla hasta los 1.500 kWh por mes, incluyendo a juntas de saneamiento, pequeñas y medianas empresas hasta los 3.000 kWh por mes, buscando generar empleo, garantizando el derecho al agua.
Canese también señaló que el proyecto pretende beneficiar a más del 90% de la población. La propuesta establece tarifas gratuitas hasta 300 kWh/mes para comunidades indígenas y para personas vulnerables de la tercera edad.
Al mismo tiempo, se propone ampliar la tarifa social, con descuentos de 90% hasta 100 kWh/mes; 85% entre 101 y 200 kWh/mes; 75% de 201 a 300 kWh/mes; y 50% de 301 a 500 kWh/mes. Para más de 500 kWh/mes se plantea premiar la contribución a la eficiencia con descuentos de 35% para los consumos fuera de punta hasta 750 kWh/mes; 25% entre 751 y 1.000 kWh/mes, y 15% entre 1.001 y 1.500 kWh/mes. Además, se recompensará con el 25% de descuento a las mipymes que no superen los 3.000 kWh/mes.
Igualmente, el beneficio para las juntas de saneamiento de agua potable apunta a consumos eléctricos de hasta 5.000 kWh.
