AFP
BUENOS AIRES
La Justicia argentina solicitó este jueves un pedido de captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber colaborado en la preparación del atentado al centro judío AMIA de Buenos Aires en 1994 que dejó 85 muertos, informó a la AFP una fuente judicial.
El juez federal Daniel Rafecas atendió el pedido de la Unidad Fiscal que investiga el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para solicitar las capturas, en tanto se mantienen los pedidos de arresto de ocho iraníes.
CIUDAD DEL ESTE. Entre los señalados se menciona a Hussein Mounir Mouzannar, con cédula de identidad paraguaya y que “podría estar en la actualidad residiendo en la República del Paraguay (Ciudad del Este o sus inmediaciones) o en la ciudad o suburbios de Foz de Yguazú”, en Brasil.
En la orden figuran también Alí Hussein Abdallah, naturalizado brasileño y con pasaporte paraguayo; Abdallah Salman -alias ‘El Reda'-, que se estima reside en Beirut y Farouk Abdul Hay Omairi, naturalizado brasileño y con último domicilio en Foz de Yguazú, según los datos de la causa.
El pedido de captura dirigido a Interpol cita respecto a los buscados que está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada ‘brazo armado’ del Hezbollah”, de acuerdo al escrito del juez.
El atentado con bomba a la AMIA, el peor de la historia argentina, mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos. Fue atribuido por la justicia argentina a altos funcionarios iraníes, encabezados por el entonces presidente Ali Rafsanjani, y al movimiento libanés Hezbolá; hipótesis sostenida por la dirigencia judía argentina y por Israel.
Uno de los requeridos este jueves también tiene pedido de captura por el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 que dejó 29 muertos y 200 heridos. Ambos atentados permanecen impunes.
Por otra parte la Justicia mantiene desde 2006 el pedido de captura de ocho iraníes.
Un juicio sobre el atentado a la AMIA finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-99), declarados culpables de “encubrimiento” del ataque, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni la desviación de las investigaciones cometidas por los encubridores.
