Analizan situación de Consulado en Málaga
El Ministerio de Relaciones Exteriores analiza si tomará alguna medida respecto a las denuncias de algunos funcionarios del Consulado del Paraguay en Málaga, España, en contra de la cónsul Kattya Bareiro Duarte por “el ambiente laboral conflictivo, falta de liderazgo y de comunicación, desorganización y el mal desempeño de las funciones consulares, ya que no ha sabido acercarse a la comunidad local ni ha aceptado las opiniones y consejos de los colaboradores”, como dice Rodrigo Casco, funcionario administrativo, en una nota dirigida al canciller, Julio Arriola. Hace dos semanas, el ministro envió al inspector general del servicio exterior y a la directora de Recursos Humanos a interiorizarse de las denuncias y elevar un informe. El resultado de esta gestión aún se analiza.
Este mes se reúne la Junta de Calificaciones
Conforme a la Ley del Servicio Diplomático y Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, este mes debe reunirse la Junta de Calificaciones de la institución para decidir los ascensos, traslados y rotaciones de funcionarios.
Abril también es el mes de las Elecciones Generales (domingo 30) que permitirá elegir nuevo gobierno, por lo que lo más probable es que la Junta de Calificaciones se instale, porque así manda la ley que ocurra, y luego se declare en cuarto intermedio para reanudar sesión en otra fecha, tras los comicios generales.
Por tratarse del tramo final del gobierno de Mario Abdo Benítez, la duda instalada es si la actual administración seguirá tomando decisiones sobre los cargos en el servicio exterior, o ya irá dejándolos para el nuevo gobierno que salga electo.
Proyecto para derogar cooperación de la UE
La polémica intención de un grupo de diputados de derogar la vigencia de la Ley N° 6659/2020 que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europa y el Paraguay para el programa de transformación del sistema educativo se encuentra ahora para su estudio y definición en la Cámara de Senadores. Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, entre otras, deben dictaminar al respecto. Se trata de un convenio con el cual se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 son 8 millones de euros. De acuerdo con el Ministerio de Educación, ese dinero se destina a kits escolares, alimentación, infraestructura y textos.