Los 310.270 funcionarios que posee el Estado conviven bajo un sistema desordenado y con falencias, lo que genera, entre otras cosas, desigualdades salariales que, a su vez, aumentan indebidamente el gasto público.
Un técnico con una remuneración de G. 5 millones percibe más que un profesional, con G. 3 millones de salario. Este un ejemplo de los casos frecuentes en las instituciones estatales y una de las preocupaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que trabaja en un plan de ordenamiento que será expuesto ante la Comisión Interinstitucional Público-Privada de Análisis del Gasto Público.
El director general de Asuntos Jurídicos de la SFP, Máximo Medina, explicó que el objetivo es modificar la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública.
Uno de los puntos señalados por Medina es el perjuicio que en su opinión generó la implementación de la matriz salarial, que engrosó las remuneraciones de los funcionarios en total inequidad.
Existe un exceso de categorías salariales, alrededor de 400, lo que ya había resaltado el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas. “Eso queremos corregir con un plan de cargos y categorías y un plan de carreras que no existe en la función pública”, indicó Medina.
Lo que se quiere lograr es que cada carrera de la función pública esté bien organizada y que el funcionario vaya escalando por categorías, lo que no ocurre actualmente, ya que, en muchas instituciones, un jefe, por ejemplo, gana más que el director general.
“Primero se tiene que congelar los salarios y luego aplicar el plan de carreras”, añadió.
REORDENAMIENTO. Por su parte, la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, dijo que es necesario el reordenamiento debido a las grandes diferencias que existen.
En cuanto a la creación de direcciones en exceso y sin necesidad, Medina manifestó que es responsabilidad de Hacienda pero que igualmente trabajan en un análisis de cuáles son las instituciones que necesitan realmente contar con nuevas direcciones o jefaturas y si se requiere suprimir algunas. Asimismo, lograr dar más atribuciones a la SFP en lo que se refiere a creación de cargos. El borrador del proyecto será presentado en agosto.
Un inconveniente también detallado por el director de asuntos jurídicos es que la ley requiere una adecuación de la herramienta tecnológica utilizada para el registro de los salarios. “Hoy en el sistema podés modificar manualmente un salario”, comentó.
Esto se debe a que, en cada enero, cuando se cargan los datos salariales, un funcionario puede encontrarse con un aumento no estipulado porque desde el Congreso se aprobó una ley de presupuesto con modificación de las categorías, por tanto, se producen los cambios.
“Entonces tenemos que aclarar en la nueva ley que no se pueda modificar sin autorización”, agregó.
En lo referente a cargos de confianza, Medina destacó que es la parte más delicada y aún analizan qué medidas tomar.
Esto sucede cuando un funcionario de carrera asume un cargo de confianza y por tanto se le asigna un nuevo salario, pero cuando se le retira del cargo, queda con ese salario pero ya sin el mérito. Las instituciones entablaron demandas pero la Corte no les da la razón en retrotraer el sueldo.
“En muchos de los juicios los abogados no ejercieron una buena defensa de sus instituciones, muchos se allanaron, no contestaron como debían, la demanda caducó, entre otras cosas”, lamentó Medina.
Explicó que con la nueva ley se pretende establecer un criterio más claro al respecto, ya que muchos funcionarios se escudan en su estabilidad laboral y se hacen inamovibles. “Por eso tenemos que trabajar con el Poder Judicial porque no va a servir si preparamos las reglas y un juez al final toma una decisión contraria”, señaló.
NO REGULADOS. De los 310.270 funcionarios que tiene el Estado, no todos se rigen por la ley de la función pública, lo que implica que no necesitan concursos y se rigen bajo las normas de su institución para un aumento.
Así, existen 68.496 funcionarios que presentaron una acción de inconstitucionalidad y quedaron fuera de la ley, como por ejemplo, el Poder Judicial y las municipalidades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.
También están fuera de esta regulación carreras como la docente, salud, investigación científica, diplomática, militar y policial, que representan una franja de 108.042 funcionarios.