El diputado colorado Hugo Ramírez denunció que, pese a que ya hace una semana que la Cámara de Diputado aprobó el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, aún no remitió la comunicación al Poder Ejecutivo.
“Quisiera solicitar un informe a la Secretaría General de la situación en la que se encuentra la comunicación del pedido de intervención que aprobó esta Cámara de Diputados sobre la Gobernación de Guairá, que hasta el momento no tiene comunicación oficial al Poder Ejecutivo, por lo que solicito formalmente una explicación al respecto”, manifestó Ramírez ayer durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.
El diputado liberal Eusebio Alvarenga también manifestó su preocupación por la falta de designación de un interventor en la citada gobernación.
“Hasta este momento no aparece el interventor, no aparece ningún decreto del Poder Ejecutivo designando a un interventor, ergo, estamos status quo, discusiones por la incertidumbre, enfrentamiento entre grupos, manifestaciones, chantaje, piden que el gobernador renuncie, se habla de un interino, al final no hay, y esto está generando un enfrentamiento feroz entre los concejales”, dijo Alvarenga.
Recordó que desde febrero se está arrastrando el tema, con la aprobación de la intervención por parte de la Junta, y luego todo el trabajo de la Cámara Baja que terminó en la aprobación de la intervención, pero hasta la fecha no pasa nada.
Dijo que no se puede dejar de lado el tema y se debe remitir el caso al Ejecutivo para resolver el conflicto actual en la gobernación.
Aprobación. El pasado miércoles 15 de junio, Diputados aprobó con 44 votos a favor, 23 en contra, y dos abstenciones, la intervención a la Gobernación de Guairá.
La administración del gobernador Juan Carlos Vera (ANR) fue denunciada por la Junta Departamental por presunta mala utilización de USD 2 millones que debían ser transferidos para la reactivación económica y ayuda social ante la pandemia del Covid-19.
La denuncia dice que los fondos fueron entregados a comisiones vecinales y otros organismos que, en realidad, no existen o no cuentan con las condiciones legales.
