11 sept. 2025

Algunos casos de corrupción pública comenzaron a moverse tras presiones

Luego de publicaciones de ÚH y la gran presión ejercida por miembros de la sociedad civil, el Poder Judicial comenzó a movilizar algunos expedientes relacionados con sonados procesos.

Luego de que miembros de la sociedad civil denunciaran la falta de voluntad por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial para que los casos de corrupción pública finalmente dejen de estar paralizados, el máximo organismo judicial comenzó a acelerar el proceso y algunos de los más emblemáticos comenzaron a moverse en los últimos días.

Tal es así que algunos sonados casos que involucran a políticos y ex ministros ya cuentan con fechas para juicio oral y público, una situación que se fijó en esta última semana contra todo pronóstico.

Por citar algunos, en el caso que involucran a los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez y Sindulfo Blanco por presunto prevaricato, la Corte Suprema fijó como fecha de juicio oral para el 9 de mayo. Esto se dió luego de que ambos lograron con sendas chicanas postergar el procedimiento en numerosas ocasiones.

El mes pasado, la diligencia debió postergarse debido a la sobrecarga de trabajo de la jueza que atiende el caso Blanca Gorostiaga.

Otro expediente que se movió gracias al constante monitoreo y la presión ejercida es el que involucra al diputado oficialista Miguel Cuevas. En su caso, se modificó la fecha de juicio oral del 28 de junio, al 8 de julio. La acción de inconstitucionalidad presentada por el legislador no le serviría de nada.

Otro caso movilizado es el que atañe al ex titular de la ANDE Carlos Heisele, quien interpuso un recurso de reposición con apelación contra la providencia que fijó su audiencia preliminar, y su caso se encuentra pendiente en el Tribunal de Apelación. Miembros de la sociedad civil agrupados en “Somos Anticorrupción Py” estuvieron monitoreando el caso.

El caso que involucra al ex intendente de San Antonio Raúl Isaac Mendoza, procesado por lesión de confianza se fijó fecha de juicio oral para la primera semana de agosto.

En tanto, en el caso que atañe al ex intendente de Concepción Alejandro Urbieta, se informó que el expediente ya bajó y se encuentra para control en el Juzgado Penal de Garantías, desde la semana pasada.

La abogada y miembro de líder de la organización “Somos Anticorrupción”, que se encarga de seguir de cerca los casos emblemáticos afirmó que se ve la luz al final del túnel.

“Desde el año 2020 venimos llevando una mesa de trabajo entre el ministro Ramírez Candia y la sociedad civil, gracias a esas reuniones logramos incluir en el observatorio judicial varios expedientes de corrupción pública y el crimen organizado, a partir de ahí empezamos a presentar todos los urgimientos a los jueces ya sea para que resuelvan o para integrar una sala, pedimos auditorias, etc. Pudimos hacer gracias al Dr. Manuel Ramírez Candia que hizo el esfuerzo en articular eso, este año se dio algo muy singular, tuvimos en el mes de marzo una reunión, una mesa de trabajo ya con los superintendentes de la Corte, gracias a la intervención de Ramírez Candia que habló con sus pares y ahí nosotros les damos todas las notas de urgimiento ya sea en la sala Constitucional, en la sala Penal y todos los otros estamentos como ser Tribunal de Apelaciones y Juzgados de Garantías, todas esas notas que son presentadas le entregamos un listado y empiezan a articular para sacar a luz esos expedientes que son casos emblemáticos y también trabajamos con otros funcionarios del observatorio para impulsar los expedientes que están en el interior del país, estamos avanzando, lento pero seguro”, sostuvo.


Piden al Ministerio Público reuniones periódicas
La abogada María Esther Roa cuestionó que los avances se den en el Poder Judicial y no en el Ministerio Público, que hasta hoy día no concedió las reuniones periódicas solicitadas con los fiscales anticorrupción.
Los agentes fiscales, Osmar Legal y Luis Piñánez fueron asignados por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) para mantener la una primera mesa de trabajo con miembros de la sociedad civil en el mes de julio del año pasado, pero desde entonces los encuentros fueron muy esporádicos.
“Esto dificulta ostensiblemente los resultados que esperábamos tener para este año, hasta hoy día el Ministerio Público no nos concedió las reuniones con los miembros de la UDEA”, sostuvo.
Indicó que “en el Poder Judicial existen muchísimos procesos penales de corrupción pública pendientes de audiencia preliminar y otros ya de juicio oral, y quiero destacar que el trabajo que venimos haciendo desde la sociedad civil con todo el monitoreo de todos los procesos penales de corrupción estamos logrando que muchos procesos estemos llevando a juicio oral”.