La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo señaló que el proyecto debe ser analizado lo antes posible, para evitar que procesos judiciales se extingan.
Indicó que se enfrenta nuevamente esta situación, debido a que con leyes anteriores solamente se consiguió frenar la puesta en vigencia, pero no se derogó.
La citada normativa establece que el proceso penal tenga una duración máxima de tres años para su finalización en primera instancia. Vencido el plazo previsto, el juez, a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.
La pólemica ley entró en vigencia por un corto periodo de tiempo en el 2012 y generó caos. Fue suspendida con la promulgación de la Ley Camacho en el 2015, que reestablece que el proceso judicial fenezca en cuatro años y no en tres.
Ambas cámaras del Congreso deben sancionar la iniciativa antes del 1 de setiembre. De otra manera la ley Guastella entrará nuevamente en vigencia.
Si esto sucede se extinguirán varios procesos penales, en su mayoría referentes a casos de corrupción y narcotráfico.
