Opinión

Ajustes al sistema de jubilaciones

César Barreto Otazú, Economista y directivo de Dende.

Desde hace más de una década, los organismos multilaterales, las autoridades económicas y economistas del sector público y privado vienen alertando de la necesidad de llevar adelante una reforma del sistema de jubilaciones en nuestro país. Lastimosamente los intentos de algunos gobiernos que han planteado una reforma concreta han fracasado y la situación del sistema sigue deteriorándose, aunque aún estamos a tiempo de hacer las correcciones para corregir las debilidades y enfrentar los desafíos futuros del sistema sin que los costos de la misma sean sustanciales para los jubilados ni para los contribuyentes, como podemos ver a continuación.

En primer lugar, actualmente tenemos un sistema desintegrado y desordenado de varias cajas de jubilaciones, todas con reglas diferentes, tanto en los aportes como en las condiciones de obtención de los beneficios. Eso limita la movilidad de los trabajadores de un sector a otro y genera inequidades entre distintos sectores, con algunos segmentos de trabajadores con grandes privilegios respecto de otros. Por otro lado, la mayoría de las cajas han experimentado grandes pérdidas de sus fondos jubilatorios por carecer de una clara regulación y supervisión sobre la política de inversión de los mismos.

En segundo lugar, la dinámica de la población está cambiando aceleradamente y el actual sistema de jubilaciones no está preparado para asimilar estos cambios, empeorando su sostenibilidad en el largo plazo.

Por ejemplo, según estimaciones de la Dgeec la tasa global de fecundidad ha bajado de 3,45 hijos por mujer en el año 2001 a 2,47 en el 2018 y proyecta una reducción a 2,32 en el 2024. De la misma manera, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado de 60,4 años en 1950 a 74,24 años en el 2018 y la Dgeec proyecta que aumente a 75,46 años en el 2024. En consecuencia, el ritmo de crecimiento de la población se ha reducido y la razón de dependencia de adultos mayores sobre la población económicamente activa ha pasado de 8,5 en el 2001 a 9,9 en el 2018 y alcanzaría los 11,8 en el 2025 con una evolución creciente hacia los siguientes años.

Estos cambios positivos en la esperanza de vida de la población y de la mayor longevidad de las mismas implican un gran desafío para la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y del cumplimiento en tiempo y forma de los beneficios prometidos a los asegurados.

En tercer lugar, la baja cobertura actual del sistema de jubilaciones reduce su efectividad como política pública para proveer seguridad económica al momento de retiro de la actividad laboral y genera una excesiva carga sobre el programa de Pensión para adultos mayores en situación de pobreza que provee una pensión equivalente al 25% del salario mínimo financiado con impuestos. Según datos del Ministerio del Trabajo, en el año 2016, apenas el 21% de la población económicamente activa ocupada aportaba a alguna caja de jubilaciones. Esto indicaría que la seguridad social tiene una baja prioridad para la gente, no perciben sus beneficios y consideran el aporte a la misma como un impuesto y no como un ahorro para su vejez. Por ello, las empresas pueden fácilmente no registrar a su trabajador y entre ambos ahorrarse tanto el aporte obrero como el patronal.

Por lo tanto, dadas estas condiciones actuales, es necesario ajustes para evolucionar hacia una verdadera política pública de seguridad social en nuestro país. Un sistema único y obligatorio para los trabajadores dependientes públicos y privados y voluntario para los independientes, con los parámetros adecuados que aseguren su viabilidad en términos de proveer de manera creíble una jubilación adecuada y con la suficiente sostenibilidad económico-financiera en el largo plazo.

Para ello, debemos encarar un diálogo serio y responsable entre los distintos sectores buscando una visión compartida sobre los ajustes necesarios para que el sistema de jubilaciones cumpla estos objetivos de una manera sostenible a través del tiempo.

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