Este título, para algunos parecerá una verdad de perogrullo, y para otros resultará una ofensa sin fundamento. Lo cierto y concreto es que hace unos días se cumplieron 14 años de la muerte de Silvino Talavera, niño de 11 años, fulminado por agrotóxicos en el distrito de Pirapey, Itapúa. Volvía del almacén al que había sido ocupado a comprar carne y en el camino a casa fue rociado con glifosato y sipermetrina lanzados por dos productores de soja. El primero, directamente al cuerpo; el segundo días después en alrededores de su vivienda. En el hospital su sufrimiento fue atroz hasta exhalar la última bocanada de aire contaminado de sus pulmones.
El aparato infernal de la mercadotecnia, los parapoderes, ciertos consorcios mediáticos, abogados corporativos y demás, trataron de torcer la verdad hasta el extremo. Finalmente, el caso se convirtió en emblemático y tal vez en el único en el que se comprueba y se condena a los autores –Alfredo Laustenlager (homicidio culposo y producción de riesgos comunes) y Hernán Schlender (homicidio culposo)– por muerte por contaminación con agrotóxicos. Pese a la contundencia de elementos y alegatos, los culpables fueron condenados a 2 años de prisión o sustitutiva pagando G. 25 millones cada uno a la familia. En contrapartida, en Paraguay, robar una vaca tiene una pena carcelaria de hasta 10 años.
Este no fue el único caso. La geografía –principalmente en departamentos como Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú e Itapúa– está poblada de personas que enferman, mueren o nacen con malformaciones externas o internas como derivación del envenenamiento por agrotóxicos. A esto deben sumarse los animales domésticos que perecen en las mismas circunstancias. Cielo, tierra, aire y agua están alterados por las fumigaciones. El agronegocio extensivo e intensivo inescrupuloso –no hablamos de los que sean escrupulosos y humanizados, si hubieren– está matando todo a su paso, expulsando personas de las regiones y destruyendo la flora y la fauna cercanas.
Lo de Silvino en 2003, la masacre de Curuguaty en 2012, la muerte de dos hermanitas hace 3 años en Huber Duré; los atropellos a Guahory, las comunidades indígenas asoladas, son ejemplos de un drama cada vez más controversial y criminal y que tiene por detrás los intereses del agronegocio; y exponen claramente la complicidad de los organismos del Estado por acción o inacción.
Ellos dirán que no es verdad. Los muertos, enfermos y malformados en el campo los contradicen todos los días...