El trabajo consiste en realizar una pericia técnica sobre los montos declarados por los funcionarios una vez que ingresan a un cargo y dejan los mismos; contrastarlo con informes del registro público, de bancos, registro del automotor, de la Seprelad y otras entidades.
Luego de este análisis, los peritos concluyen si hay alguna inconsistencia en las declaraciones y las envía al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal.
Actualmente, son 400 las declaraciones que están siendo analizadas por 17 funcionarios de la entidad, según confirmó Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas, de la Contraloría.
“Necesitamos contar con más funcionarios y también nos faltan recursos técnicos”, admitió el funcionario, refiriéndose a equipos informáticos.
También se refirió a la lenta respuesta de las entidades que deben facilitar los datos, añadiendo que el año pasado solicitaron a la Dirección General de Registros Públicos el informe sobre 54 funcionarios del Estado y que la información les llegó en ocho meses.
“El contralor pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el acceso directo a los datos de funcionarios públicos que están en registro público y registro del automotor. Si nosotros tenemos eso y acceso a datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo que hoy nos lleva terminar 6 a 7 meses, nos va a llevar 15 días”, concluyó.