En ese sentido, el encuentro estuvo encabezado por la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, quien junto a sus colegas los liberales Jorge Ávalos Mariño y Celeste Amarilla conversaron con representantes de la Contraloría General de la República, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Las distintas instituciones manifestaron su parecer sobre el documento que debe ser analizado por el pleno de la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria el 4 de febrero próximo.
Al respecto, desde la Seprelad reiteraron que la función de dicha secretaría sería atender los reportes de operaciones sospechosas que eventualmente pueda enviar el supervisor natural que es la Justicia Electoral y que el control deber ser permanente.
INTERNAS. En cuanto a la Contraloría, explicaron que se debe afinar sobre la intervención que pueda tener dicha institución, atendiendo que no puede intervenir en el proceso de las internas, debido a que su función constitucional es auditar solamente los fondos públicos.
Ante esto, se analizará si el ente contralor puede intervenir en las elecciones generales, ya que en las mismas se utiliza dinero público proveniente del subsidio estatal.
Estos y otros cuestionamientos se seguirán estudiando entre los proyectistas, al igual que con los representantes de las distintas instituciones.
Mencionaron que la Justicia Electoral cuenta con un sistema informático que puede facilitar el control cruzado, pero que todos los entes, principalmente la Seprelad necesita de más recursos, tanto económicos como de más funcionarios.
Los legisladores destacaron el gran compromiso que existe entre todas las instituciones involucradas en el proyecto, remarcando que todas buscan la transparencia y la posibilidad de evitar que el dinero sucio, principalmente del narcotráfico y del lavado de dinero, ingrese al ámbito político, como se sospecha que existe actualmente, pero que no se puede comprobar debido a la falta de herramientas, como lo es la normativa que se pretende aprobar lo antes posible.