La líder de la organización civil que lucha contra la corrupción en el país, María Esther Roa, advirtió que el presidente de la República se expone a un levantamiento popular y a que su imagen vaya aún más en picada ante los últimos sucesos que generaron el enojo de la ciudadanía, como la falta de gestión ante la crisis indígena, que motivó un forzado nuevo cambio en el Gabinete, y también ante la falta de carácter para despegarse de elementos corruptos y denunciarlos como es el caso de los tres diputados blanqueados por sus propios pares.
Para Roa, son inocultables la indignación y la rabia por la situación imperante y así como culpa al Poder Ejecutivo de todo lo que ocurre, también asegura que la gran responsabilidad es de los otros dos poderes. “El rechazo a este Gobierno es el sentimiento de muchos paraguayos, porque está instalada una crisis política que nos afecta a todos y el presidente, que es quien toma las decisiones, está ausente y yo recojo este sentimiento de los comentarios, de la convivencia con la gente, desde mi conocimiento jurídico, de que aquí la regla es la impunidad”, sostuvo la abogada.
“La última decisión abordada por Diputados (de blanquear a los procesados Tomás Rivas, Ulises Quintana y Carlos Portillo) fue una bofetada”, señaló y recriminó al presidente por no haber bajado línea a sus legisladores a luchar contra la corrupción.
Añadió que los líderes de los partidos políticos, entre quienes se cuenta Abdo, no son capaces ni de rescatar al sistema de partidos. “El suyo (la ANR) es un partido político con mayoría en el Congreso, que ni siquiera tiene la voluntad de rescatarse a sí mismo ni a los demás”, acusó.
Remarcó las críticas a Abdo Benítez por haberse desmarcado en este tema cuando que su opinión podría haber incidido, bajando línea a sus legisladores. “Él podía haber mediado conforme a que se respete la Constitución y el deseo ciudadano”, dijo.
Días contados. Roa avizoró que el plazo para la continuidad de este gobierno es de un año, si es que no cambia su rumbo. “Siempre que él (Marito) tome decisiones que nos estimulen de que esto va a cambiar, puede ser que aguante un año más. Pero si no toma, no creo que aguante siquiera un año”, vaticinó Roa.
La abogada basó su hipótesis en el grado de rechazo que hay en la gente. Afirmó que solo falta el “detonante” para que finalmente la ciudadanía salga y exija cambios de forma radical.
“Midiendo la temperatura de la gente, solo falta el detonante para que aunque sea un día o una hora, nos encontremos en las calles y allí deberán rendir cuentas no solamente él (Marito), sino los tres poderes del Estado, es decir, el Congreso y el Judicial también”, dijo.
Nombramientos. Otro punto que Roa cuestionó y que ocasiona desconfianza en el Gobierno son las designaciones en las distintas carteras, que se hace con el criterio de amiguismo.
Mencionó que como Marito no es libre, sus decisiones van a terminar tumbándole. “Está atado y tiene cola que le pueden pisar, y podría irse por una explosión social, porque no es libre y no puede bajar línea”, refirió.
Uno de los últimos sucesos que pusieron a prueba la gestión del Gobierno fue el levantamiento de los indígenas que bloquearon el puente Remanso por horas, y terminó con la renuncia de Ana María Allen, del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Los blanqueados y sus causas
Si da muestras de que esto va a cambiar, puede ser que aguante un año o más. Pero de lo contrario, no creo que aguante siquiera un año.
Está atado y tiene cola que le pueden pisar, y podría irse por una explosión social porque no es libre y no puede bajar línea.
María Esther Roa,
miembro del CACE.
Vínculos con tráfico de drogas. Imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía lo investiga por su vínculo con el supuesto narco Reinaldo Cucho Cabañas.
Tráfico de influencias, coima en USD.
El diputado de Alto Paraná es investigado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial a favor de un tercero.
Cobro indebido y falsificación de documentos. Está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El caso salió a la luz con una investigación de Última Hora en el año 2017.
