A pesar de que las tierras municipales constituyen uno de los recursos más valiosos con que cuenta la Comuna de Asunción, el proceso tendiente a la venta de estos terrenos o la recuperación de aquellos que son del dominio público o privado municipal y hoy están ocupados por instituciones estatales, castrenses o particulares conoce de debilidades y falencias.
Esta situación fue advertida por el concejal Federico Franco Troche, quien indicó que la institución debe asumir que esos predios representan su principal capital y poner mayor cuidado a la hora de negociar con el Estado para viabilizar grandes proyectos o con particulares para generar fondos que permitan dotar de mayor infraestructura a la ciudad.
Indicó que en los bañados Norte y Sur se tienen 1.700 ha. del dominio público municipal, además de 17 kilómetros de costa; a los cuales se deben sumar unas 600 ha. que también son comunales y están ocupadas por destacamentos militares, clubes y particulares en las zonas formales de la capital.
Precisó que hay posiciones de liberar esas tierras ribereñas al sector privado, para desarrollo inmobiliario, lo que consideró que tiene necesariamente que darse a través de un proceso consensuado con criterios de factibilidad social, ambiental, económico y financiero.
“Generalmente este tipo de proyectos genera presión sobre el costo de las tierras. La Comuna, por medio de una política de concesión, tiene que mantener sus costos a nivel accesible para familias de escasos recursos y así aumentar la cartera de contribuyentes que tenemos”, resaltó.
Deslizó que se precisa invertir entre USD 1.200 a 1.300 millones en equipamientos y servicios básicos y que el presupuesto comunal por año es de USD 120 millones, del cual solo puede destinarse 20% a inversión física. “Es altísima la brecha entre la capacidad municipal y la necesidad de inversión en la ciudad”.
FRAGILIDAD. Por otra parte, Franco Troche apuntó que en base a lo establecido en la Ordenanza 33/95 de tierras se procede a hacer las concesiones, en un mecanismo que tiene debilidades en cuanto a los controles que se aplican.
“A veces tenemos informes del Departamento de Tierras que no son fidedignos. La definición de los beneficiarios del terreno no reúnen los requisitos para ser calificados con necesidades sociales. En la Comisión de Hacienda de la Junta llega documentación elaborada de todo el trámite administrativo que sigue en la Intendencia”, explicó.
Acotó que “muchas veces se cede terrenos a personas que no tienen derecho, que los hacen valer por una supremacía coyuntural económica. Eso no consta en el expediente y se cometen injusticias”.
Dijo que la norma tiene una cláusula de restricción de venta que la gente logra burlar de diferentes maneras.
