Fue inesperada para casi todos, pero no por eso improvisada. El secreto fue bien guardado hasta el último momento. Quienes planificaron esta crisis no desconocían el tamaño del caos político que desencadenarían. Confían en que serán capaces de manejarlo. Y daban por descontado que los juristas del país se enfrascarían en una discusión en la que la mitad de ellos sostendría que el Senado solo hizo uso de sus atribuciones legales y la otra mitad diría que fue un acto arbitrario y anticonstitucional.
Algún día los abogados tendrán que explicarnos por qué el Paraguay se convirtió en el reino de lo “opinable”. No hay verdades jurídicas definitivas, cualquier norma puede ser reinterpretada por todo tipo de exégetas funcionales al mejor postor.
Siendo así, no seré yo -humilde hematólogo- quien se atreva a emitir una opinión sobre la cuestión de fondo. Sobre todo en un caso en el que todo se hizo mal desde el principio. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia se habían autodeclarado inamovibles, sin que la Constitución Nacional les haya otorgado dicha facultad. La decisión era, cuando menos, dudosa desde lo jurídico e indefendible desde lo ético. El Senado nunca tuvo los votos suficientes para modificar ese agravio que tenía atragantado. Hasta hace unos días.
Ahora es la Corte la que dice que el Senado no tiene competencia para anular procesos judiciales. Sostiene que deben cumplirse los mecanismos constitucionales de remoción de ministros. Desde el Senado responden que en una República no hay cargos sin vencimiento y que no han destituido a nadie, simplemente no confirmaron a siete miembros de la Corte. Pero, no vale la pena adentrarse en la senda de los argumentos jurídicos. Por allí perderemos la cordura. Hablemos de política.
Esta crisis no sería posible si no fuera porque a la mayor parte de la gente no le importa que se usen caminos desprolijos para llegar a un final añorado por muchos. Es harto difícil defender a la Corte Suprema de Justicia paraguaya. Es vista como símbolo del más corrupto y retardatario de los poderes del Estado. “No es una Corte, es una bolsa de valores”, exageró Marcelo Duarte.
La ANR es la que más ministros pierde, por eso sostiene que el plan fue urdido por Lugo por una de estas razones: a) obtener impunidad, b) para enturbiar el clima político o, c) postergar las elecciones del 2013. Difícil de creer, pues fue votado por senadores del PLRA, de Patria Querida y de Unace. La motivación es otra. Es aprovechar una coyuntura transitoriamente favorable para desencadenar una crisis que obligue a una renovación profunda de la Corte y de la estructura jurídica del país. El camino es torcido, pero el objetivo tiene unanimidad nacional. Esta justicia nos llevará a la ruina. Menuda crisis la que se viene. Ojalá no sea tan grande, como para que no se les vaya de las manos a sus creadores. Ojalá no sea tan pequeña, como para que todo siga igual que antes.
