He conocido a muchas personas ampliamente predispuestas a adoptar a niños y que en el intento de hacerlo se vieron desalentadas en esta intención, debido a las demoras exageradas, las complicaciones e insensibilidad del pesado engranaje judicial, imposible de agilizarse si no se le “aceita” a cada paso del proceso.
Es decir, si no se cuenta con recursos económicos para que se realicen las notificaciones correspondientes, el informe socioambiental, la búsqueda de restablecimiento del vínculo y cada trámite que, sin duda, deben cumplirse como recaudo de que el niño o la niña será dado/a en adopción a personas confiables.
Hablamos de pasos que están presupuestados y que solo requieren de funcionarios que amen su trabajo, que cumplan con sus obligaciones y tomen conciencia de que desempeñarse en el ámbito de la niñez demanda un gran profesionalismo, extrema responsabilidad, alto nivel de empatía y celeridad.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) dio a conocer el lunes el resultado de una intervención al Centro de Adopciones y la Dirección General de Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes y, a decir verdad, ni me sorprende lo que hallaron: procesos mal logrados, prácticas ajenas a la ley, pero que se han naturalizado, y que hacen que todo resulte engorroso, largo e injustificadamente perjudicial para los niños en estado de adoptabilidad o que se hallan en instituciones a la espera de ser ubicados en una familia.
¿Algo nuevo?
En realidad, no, porque es lo que se viene dando hace años en este ámbito y se ha venido cuestionando.
Cada nuevo gobierno, como un ritual obligatorio, echa una mirada sobre este sector, promete cambiar, introduce algunas medidas paliativas y, al final, los vicios permanecen inalterables y la adopción sigue siendo una carrera de resistencia.
¿Acaso porque los niños no saldrán a manifestarse y tampoco representan votos?
Pero esta vez hay un elemento esperanzador que alienta la idea de esperar cambios que vayan a romper con esa inercia institucional. Y es que la persona que está al frente del Minna, la abogada Teresa Martínez, tiene una reconocida trayectoria en materia de derechos del niño y ha dado muestras de una gran capacidad de trabajo en funciones anteriores.
El Centro de Adopciones depende del Ministerio a su cargo, por lo que se puede tener la esperanza de que sabrá escoger a los funcionarios adecuados para esta institución, que se le dotará de un nuevo protocolo de actuación y hasta podría esperarse que consiga un presupuesto acorde a los fines de la entidad.
Pero todo esto, más el anuncio de una reforma legislativa para reglamentar la figura del acogimiento familiar, podría resultar insuficiente si no se involucra y compromete en el proceso de transformación a todas las instituciones del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Esto porque la mora judicial, la ineficiencia fiscal o la debilidad de las defensorías de la niñez impactan negativamente a la hora de convertir en interminables los plazos dentro de un proceso para definir la situación de un niño en estado de vulnerabilidad y que se halla en un hogar de abrigo. La tarea de la actual ministra de la Niñez también puede resultar incompleta con respecto a las adopciones si no cuenta con el acompañamiento del Congreso Nacional para los cambios legislativos que se precisen, y para mejorar el presupuesto del Minna. Sin recursos, difícilmente el Centro de Adopciones puede realizar la tarea de trasladarse a cualquier punto del país en busca de la familia extendida de un niño, o contar con profesionales de primer nivel para elaborar los perfiles sicológicos de los postulantes a padres adoptivos. Hay demasiados niños y niñas que podrían recibir el amor y los cuidados que por diversas razones no pueden tener en sus familias biológicas.
Muchos de ellos viven años en instituciones transitorias por culpa de un Estado ineficiente.
