Recién ayer, la Fiscalía presentó en formato papel el caso ante el magistrado de Garantías, pese a que había publicitado que la imputación fue presentada el 2 de abril pasado.
Los mismos habían amenazado con paralizar la hidroeléctrica de Itaipú, porque no estaban de acuerdo con la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de poner un tope de G. 37 millones, a los salarios de los funcionarios de las binacionales.
En el caso, están imputados los sindicalistas Miguel Conrado Testti Pera, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogan Piraggini, Luis Riveros y Elías Sócrates Vargas Velázquez.
Todos ellos están procesados por el juez por los supuestos hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles (perturbación de servicios públicos) y coacción.
El magistrado Yoan Paul López citó a todos para que comparezcan a la audiencia de imposición de medidas cautelares para el viernes 24 de abril, a las 09:00 horas.
Tras la medida del presidente de la República, los cinco procesados, representantes de los sindicatos de la binacional, enviaron una nota al titular de Itaipú, Ernst Bergen por los sindicatos Steibi, Sicae, SISE, Siconap, y Sinditaipu, mientras que los sindicatos Sticcap, Sichap, Sepeib y Sitraibi no prestaron su acuerdo.
En su nota decían que no aceptaban la decisión y que “lamentablemente, tenemos que comunicar que como sindicatos no vamos a permitir la violación de nuevo CCCT, defendiendo los derechos de sus genuinos trabajadores a todas las medidas legales que nos asisten y de ser necesario paralizar la hidroeléctrica”.
La imputación fue presentada por los fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini.